Con Operación Caudal, Edomex combate contra extracción y venta ilegal de agua

Con un esfuerzo coordinado y firme, el Gobierno del Estado de México intensifica sus acciones contra la extracción y comercialización ilegal de agua, que amenaza la seguridad hídrica de la entidad. La Operación Caudal, encabezada por la FGJEM, ha logrado intervenir más de 200 puntos en 48 municipios, revelando irregularidades que afectan a comunidades y hogares mexiquenses.

Riesgos del comercio ilícito de agua

El Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, comparó estas prácticas con el conocido robo de hidrocarburos o “huachicol”, al destacar que tomas clandestinas, ductos manipulados y pozos fuera de norma permitían la venta ilegal de agua a sobreprecio mediante pipas.

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Estas acciones no solo vulneran el derecho de las familias a acceder al agua, sino que también ponen en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento.

Coordinación entre niveles de gobierno

La operación se ejecutó en coordinación con autoridades federales, municipales y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Cada intervención cuenta con una carpeta de investigación abierta, asegurando que las acciones sean legales y con respaldo jurídico.

El objetivo principal es garantizar que el aprovechamiento del agua sea legal, equitativo y sostenible, protegiendo un recurso vital para la vida y fortaleciendo la seguridad hídrica de la entidad.

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La CAEM trabaja junto con la SSCPC y otras autoridades para reforzar la vigilancia de fuentes de suministro y prevenir afectaciones al sistema hídrico estatal.

Compromiso con la población

Castañeda Camarillo destacó que la Operación Caudal refleja el compromiso del Gobierno estatal y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: asegurar que el agua llegue a todos los hogares de manera justa, segura y transparente.

Asimismo, la dependencia subrayó que la denuncia ciudadana es clave para frenar estas prácticas ilegales y garantizar el acceso equitativo al agua.

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El combate a la extracción ilícita no solo protege el suministro diario de millones de mexiquenses, sino que también contribuye a preservar los recursos hídricos para futuras generaciones, fomentando una cultura de legalidad y responsabilidad social frente a uno de los bienes más valiosos del Estado de México.