En Toluca, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirmó que la justicia es el eje del bienestar social en el Estado de México.
Lo dijo al encabezar la entrega de las Preseas 2026 del Poder Judicial, un reconocimiento que destaca a quienes han dedicado su trayectoria a defender la legalidad y fortalecer la confianza ciudadana.
La Gobernadora subrayó que la justicia no solo se construye en los tribunales,sino en cada trámite, acuerdo y sentencia que resuelve problemas concretos de las personas.
Señaló que la ética, la honestidad y la responsabilidad social deben guiar la labor pública para garantizar igualdad y acceso real a la justicia.
Galardonados del Poder Judicial reciben reconocimiento por su labor en defensa de la legalidad. Foto: Especial
Reconocer vocaciones que sostienen instituciones
Durante la sesión solemne conjunta, Gómez Álvarez destacó la trayectoria y compromiso de las personas galardonadas, cuyas acciones —dijo— fortalecen la estabilidad social y dan sentido al trabajo institucional.
Recordó que estas distinciones, creadas en 2022 durante el bicentenario del Poder Judicial, premian aportaciones en áreas como derechos humanos, justicia restaurativa, derecho penal, civil, familiar y constitucional.
En su quinta edición, celebrada en el Patio Constitución del Palacio de Justicia de Toluca, las preseas distinguieron a profesionales, académicos y juristas en 10 categorías. Sus aportaciones —apuntó— construyen un sistema judicial más sólido y cercano a la ciudadanía.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, afirmó que estos premios fortalecen la identidad institucional.
Sostuvo que quienes reciben las preseas se convierten en referentes del servicio público, pues encarnan valores como integridad, vocación y legalidad, pilares para mantener la paz social.
El evento incluyó una sorpresa musical: la Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad interpretó un flash mob con “Nereidas” y “Bésame Mucho”, que llenó el recinto de emoción.
A la ceremonia acudieron representantes de los tres poderes del Estado, autoridades municipales, legisladores, organismos autónomos, colegios de abogados y familiares de las personas homenajeadas.