Edomex destina apoyo para reparación del daño a víctimas

El Gobierno del Estado de México autorizó recursos por más de 756 mil pesos para cubrir reparaciones del daño establecidas por autoridades judiciales, una medida que busca garantizar los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, eliminar obstáculos económicos que impiden a algunas Personas Privadas de la Libertad acceder a beneficios contemplados en la ley.

La decisión fue aprobada durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo de Reparación del Daño del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), organismo adscrito a la Consejería Jurídica estatal.

Con esta determinación, ocho solicitudes fueron avaladas para atender los montos fijados por órganos jurisdiccionales.

El apoyo permitirá que 10 Personas Privadas de la Libertad en situación de vulnerabilidad económica puedan avanzar en sus procesos para solicitar figuras jurídicas como libertad anticipada, libertad condicionada o amnistía, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

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Una herramienta para garantizar justicia con enfoque social

El encargado del despacho del Instituto de la Defensoría Pública, José Carlos Neira Cruz, destacó que el Fondo de Reparación del Daño funciona como un mecanismo para atender una problemática específica: personas que cumplen las condiciones legales para acceder a beneficios jurídicos, pero que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la reparación económica determinada por un juez.

“Se trata de una herramienta que permite hacer efectivo el acceso a la justicia y atender a quienes enfrentan condiciones económicas adversas”, señaló el funcionario.

Explicó que la estrategia responde a la instrucción de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, de fortalecer una política de justicia con enfoque humano, orientada a reducir desigualdades y proteger tanto los derechos de las víctimas como las oportunidades de reinserción social.

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Cada caso es evaluado bajo criterios técnicos y legales

El Comité Técnico del Fondo realiza un análisis individual de cada solicitud antes de aprobar los recursos, con revisiones basadas en criterios jurídicos, técnicos y de transparencia.

El programa contempla un apoyo máximo de hasta 300 mil pesos por persona, destinado exclusivamente a cubrir la reparación del daño determinada por la autoridad jurisdiccional.

De acuerdo con el IDP, este esquema permite que la reparación a las víctimas no quede pendiente por falta de recursos y que las Personas Privadas de la Libertad que ya cumplen con las condiciones legales puedan acceder a los mecanismos previstos para su reintegración social.

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Justicia para víctimas y oportunidades de reinserción

Con la operación del Fondo de Reparación del Daño, el Estado de México busca fortalecer un modelo de justicia que atienda dos objetivos: garantizar que las víctimas reciban la reparación correspondiente y generar condiciones para que quienes cumplen con la ley puedan continuar sus procesos de reinserción.

El Gobierno estatal señaló que este mecanismo seguirá funcionando bajo principios de responsabilidad, legalidad y transparencia, como parte de las acciones para ampliar el acceso efectivo a la justicia.