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MÉXICO

La seguridad pública no debe sólo recaer en las fuerzas armadas

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La seguridad pública no debe sólo recaer en las fuerzas armadas

La Guardia Nacional presenta grandes retos al futuro cercano Redacción Hoy, México vive una crisis adicional a la de salud y a la económica: vive el recrudecimiento de la violencia y la expansión de la influencia de los grupos criminales en diversas regiones del país. Los casos recientes de asesinatos en Reynosa (Tamaulipas), en Salvatierra … Leer más

Fatima
|
15 de julio 2021

La Guardia Nacional presenta grandes retos al futuro cercano

Redacción

Hoy, México vive una crisis adicional a la de salud y a la económica: vive el recrudecimiento de la violencia y la expansión de la influencia de los grupos criminales en diversas regiones del país.

Los casos recientes de asesinatos en Reynosa (Tamaulipas), en Salvatierra (Guanajuato) y la cifra más alta de homicidios en este 2021 alcanzada en mayo pasado con casi 3 mil casos, confirman que la estrategia gubernamental no ha rendido los frutos esperados.

En ese contexto, el titular del Poder Ejecutivo ha planteado la necesidad de una reforma constitucional para que el mando de la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. De ser así, se desmantelaría el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de esa corporación fuese civil.

Por ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) analiza el impacto de esta propuesta que enfrenta la Guardia Nacional a 2 años de su creación, y su futuro.

Las Fuerzas Armadas en la presente administración han asumido al menos 13 tareas adicionales a las de seguridad nacional, entre ellas: la construcción de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, Bancos del Bienestar); capacitación policial; apoyo y distribución de programas sociales; control de puertos y aduanas; combate al robo de hidrocarburos; control de la migración, así como la atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la distribución de vacunas.

La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de la administración pública, ajenas a su naturaleza esencial, debe ser subsidiaria y temporal; alargar la permanencia de los militares en las calles impide avanzar en la consolidación de instituciones civiles propias de una nación democrática y que respondan al fortalecimiento de la seguridad y justicia.

De 2018 a 2020 las víctimas de homicidio doloso aumentaron en 2.41%, pues pasaron de 33 mil 740 a 34 mil 554, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Un delito que golpea especialmente al sector empresarial es el robo a transportes. Entre enero y mayo se acumulan 3 mil 441 casos denunciados.

Para la Coparmex la incorporación del mando de la Guardia Nacional al Ejército contraviene lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, que únicamente en las circunstancias de un caso concreto pudiera justificarse la participación extraordinaria de fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Por ello, el organismo Patronal detalla que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero dicha obligación debe estar a cargo del Estado con instituciones civiles y no militares.

La mejor manera de atender la inseguridad y combatir a las organizaciones criminales es a través de labores de inteligencia, la desarticulación financiera, la cooperación internacional, la intervención coordinada de los distintos órdenes de gobierno y la articulación eficaz con el Poder Judicial que lleven a condenas para los responsables.

Para esta coordinación coinciden con el llamado de la organización Causa en Común, en el sentido de que es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales construidos a lo largo de muchos años y luchas ciudadanas como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Es apremiante no suplantar a las policías estatales y municipales, sino fortalecer sus capacidades.

Las instituciones civiles de la policía a nivel local deben robustecerse, pues son las policías y las Fiscalías quienes están facultadas para interactuar con la población civil, prevenir los delitos y la violencia y llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales de los delitos del fuero común.

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