MÉXICO

Claudia Sheinbaum condena violencia en marcha de la Generación Z

Sheinbaum condena la violencia en la marcha del 15 de noviembre y cuestiona la baja participación juvenil. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum criticó los disturbios en la marcha del 15 de noviembre y señaló la baja participación juvenil, reiterando el llamado a manifestaciones pacíficas

Jessica Ignot

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16 de noviembre 2025

La movilización convocada para jóvenes de la Generación Z en la Ciudad de México prometía ser una protesta pacífica. Sin embargo, el ambiente cambió con la irrupción del llamado Bloque Negro, cuyos integrantes realizaron actos de vandalismo que alteraron por completo la jornada.

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura: condenó los daños a mobiliario urbano, el retiro de vallas y la ruptura de vidrios.

También subrayó que, pese a que la marcha se presentó como una acción juvenil, “había muy pocos jóvenes”.

La mandataria insistió en que su administración no respalda ningún tipo de agresión, incluso en contextos de protesta.

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Sheinbaum recordó que días antes ya había solicitado que la movilización se realizara sin violencia. Refrendó que México es un país libre y que cualquier persona puede manifestarse, siempre que lo haga sin recurrir a actos que pongan en riesgo a terceros o dañen espacios públicos. Su mensaje fue claro: disentir es válido, pero la violencia no es una alternativa legítima.

Libertad de expresión, sí; violencia, no

La Presidenta reafirmó que el derecho a la manifestación es un pilar democrático que su gobierno respeta plenamente.

Aun así, insistió en que la protesta debe ejercerse de forma consciente, responsable y pacífica.

Para ella, las expresiones violentas no solo desvirtúan las causas sociales, sino que también afectan a la ciudadanía y abren paso a confrontaciones innecesarias.

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El impacto político de la protesta

La movilización del 15 de noviembre dejó abierta la discusión sobre la organización juvenil, la presencia de grupos ajenos a las causas originales y el desafío de mantener protestas sin infiltraciones violentas.

Para el gobierno federal, la línea es clara: proteger el derecho a expresarse sin permitir actos que alteren el orden ni pongan en riesgo a la población.