Demandan regreso a Guatemala del titular de la comisión de ONU

El presidente Jimmy Morales debe cumplir con una orden judicial que dispuso que se debe permitir el regreso a Guatemala de Iván Velásquez

El presidente Jimmy Morales debe cumplir con una orden judicial que dispuso que se debe permitir el regreso a Guatemala de Iván Velásquez, titular de la comisión contra la impunidad en ese país, conocida por sus siglas CICIG, instó el grupo civil Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado emitido este miércoles, HRW recordó que el pasado 16 de septiembre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dispuso que el presidente Morales debía permitir que el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ingrese al país sin restricciones.

El 4 de septiembre, el presidente Morales había anunciado que no se permitiría retornar al país al comisionado Iván Velásquez, quien en ese momento se encontraba en un viaje laboral en el exterior.

Una vez más, la Corte de Constitucionalidad ha defendido el Estado de derecho en Guatemala y ha frustrado los intentos del presidente Morales de entorpecer el trabajo de la CICIG”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de HRW.

Wilkinson añadió que “la corte ahora está analizando una petición de ampliación sobre su resolución, con la cual debe cumplir cabalmente el presidente Morales”.

En 2017, la Corte de Constitucionalidad frenó una orden para expulsar del país al comisionado Velásquez. El presidente Morales dictó la orden dos días después de que la comisión y la fiscal general pidieran su desafuero para que pudiera ser investigado por su presunto papel en financiamiento ilícito.

La resolución del 16 de septiembre, un amparo provisional que tiene efectos vinculantes hasta que la corte dicte una decisión definitiva, ordenó además al presidente Morales a resolver cualquier controversia con respecto a la comisión a través de negociaciones con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El 17 de septiembre, el Procurador General de Guatemala, Luis Donado, manifestó que, dado que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad no mencionaba al comisionado Velásquez por nombre, la obligación del gobierno era permitir que un comisionado, no necesariamente el actual, ingrese al país.

El procurador general indicó además que se negociaría con la ONU la selección de un nuevo comisionado de la CICIG.

La ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca, Sandra Jovel, manifestó que el gobierno ya no considera que Velásquez sea el titular de la CICIG y que, acatando órdenes presidenciales, ha pedido que el secretario general de la ONU envíe una lista de candidatos en un plazo de 48 horas.

Respetados constitucionalistas guatemaltecos dijeron a HRW que consideran que los argumentos jurídicos del gobierno son insostenibles.

El 18 de septiembre, el abogado que había presentado el amparo presentó una petición de ampliación a la Corte de Constitucionalidad. La Corte está analizando actualmente esta petición.

El 6 de septiembre, pocos días después de haber prohibido que el comisionado Velásquez volviera a entrar al país, Morales expresó que “no acatará órdenes ilegales”, presuntamente en alusión a la decisión de la Corte de Constitucionalidad.

El presidente no tiene más alternativa que cumplir plenamente con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad”, apuntó Wilkinson.

Indicó que de lo contrario, “violaría de forma manifiesta el orden constitucional del país y justificaría que la OEA invoque la Carta Democrática Interamericana con el objetivo de restablecer el estado de derecho en Guatemala”.

La Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) estipula que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que los gobiernos tienen la obligación de asegurar su promoción y defensa.