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La improbable justicia de los crímenes en Ucrania

Sin importar cuán atroces sean las pruebas en su contra, los miembros de gobiernos en funciones y sus ejércitos casi nunca enfrentan enjuiciamientos internacionales

Max Fisher

Esta semana, cuando las fuerzas ucranianas recuperaron el pueblo de Bucha y encontraron sus calles cubiertas de cuerpos de civiles atados de manos y asesinados a tiros y cuando cayeron misiles sobre una estación de tren repleta de familias que intentaban huir —lo que causó la muerte de decenas de personas— dos palabras salieron de los labios de los diplomáticos, líderes mundiales y grupos activistas: crímenes de guerra.

Pero mientras los investigadores buscan pruebas en Ucrania que podrían usarse para presentar cargos, un hecho incómodo se cierne sobre su labor.

Sin importar cuán atroces sean las pruebas en su contra, los miembros de gobiernos en funciones y sus ejércitos casi nunca enfrentan enjuiciamientos internacionales como consecuencia de la conducta que su país manifestó en la guerra.

Ha habido muchos juicios exitosos por crímenes de guerra desde que se sentaron las bases para dichos procedimientos al final de la Segunda Guerra Mundial; pero si nos detenemos a mirar más de cerca, surge un patrón que no alienta la esperanza de que los perpetradores en esta guerra sean llevados ante la justicia de la misma manera.

En la práctica, los castigos por crímenes de guerra han sido aplicados por conquistadores, como en Alemania después de la guerra o en Irak tras la ocupación de Estados Unidos; por los ganadores de una guerra civil, como en Ruanda o Costa de Marfil, o por un nuevo Gobierno que derrocó a su predecesor, como en Serbia o Sierra Leona.

Los promotores del derecho internacional arguyen que la Corte Penal Internacional y organismos similares aplican sentencias de manera imparcial y transparente. Los juicios suelen abarcar años y a veces derivan en exoneraciones: no es exactamente la justicia llana del vencedor.

Aun así, la realidad sigue siendo que los perpetradores casi nunca son llevados a juicio, a menos que los lleven los vencedores o una lucha de poder los haya
destituido.

Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, ha expresado su frustración con estas limitaciones. El martes, le indicó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que bien podría “desintegrarse por completo”, pues no haría ninguna diferencia.

Zelenski instó al consejo a establecer un tribunal para los posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia y señaló el fracaso del organismo al no denunciar a Moscú: “¿Creen que el tiempo del derecho internacional ha pasado?”.

Tal vez, o tal vez aún no ha llegado.

JUSTICIA PARA UNOS CUANTOS

Los límites de la justicia internacional se remontan a los Juicios de Núremberg, que se llevaron a cabo en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y que se convirtieron en la base de las normas internacionales de guerra.

Este conjunto de procesos judiciales tenía el propósito de establecer que la conducta en la guerra podía castigarse como un crimen, pero que se haría conforme a los principios del debido proceso de la ley y la imparcialidad.

Desde entonces, los tratados globales y un corpus de normativa internacional han prohibido ataques deliberados contra civiles o núcleos de población, entre otros actos, que incluyen la tortura y el genocidio.

No obstante, los tribunales de Núremberg solo consideraron las atrocidades cometidas por los nazis derrotados. El juicio del comportamiento de los aliados victoriosos se dejó en manos de los sistemas judiciales de esos países, que, como era de esperarse, sentenciaron a algunos militares individuales, mas no a sus gobiernos.

En gran medida, este modelo se ha mantenido desde entonces.

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