Hace algunos días la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) expuso cuatro malas prácticas en las que incurre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro de una auditoría.
Los procedimientos de auditoría (visita domiciliaria o revisión de gabinete) realizados por la autoridad fiscalizadora tienen como objetivo revisar que los contribuyentes estén cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales y deben desarrollarse con apego a las normas tributarias vigentes y sin incurrir en arbitrariedades.
En este contexto, Prodecon, como el defensor de los derechos de los contribuyentes, exhibe cuatro malas acciones en que incurre la autoridad fiscal dentro de una auditoría para buscar con ello que dicha autoridad mejore la forma en que realiza las mismas.
- Omiten realizar pruebas selectivas para revisar la contabilidad y documentos de los contribuyentes. En cambio, solicitan la exhibición exhaustiva que ampare todas las operaciones realizadas por éstos.
Las auditorías deben partir de pruebas selectivas que permitan conocer, con cierto grado de certeza, la veracidad de la información contable de una empresa, pudiendo ampliar la muestra ante el hallazgo de discrepancias con la finalidad de determinar con precisión la probable omisión del contribuyente. Por el contrario, lo observado por PRODECON es que la autoridad solicita, desde un inicio, la totalidad de la documentación del contribuyente, lo que le ocasiona una gran carga de trabajo.
- Descalifican en forma genérica la contabilidad y documentación de los sujetos auditados sin hacer referencia y análisis de las operaciones específicas de éstos que evidencian irregularidades.
Aun cuando el contribuyente realiza un esfuerzo importante, con la aportación de cientos de documentos para acreditar que su información financiera es correcta, la autoridad los descalifica de forma genérica y dogmática, sin realizar un análisis detallado de los hallazgos encontrados ni expresar de manera específica las razones para su descalificación.
- No analizan, a través de una revisión de los flujos de las empresas o mediante compulsas con terceros, si efectivamente el patrimonio de los contribuyentes se incrementó.
Aun cuando se observa con claridad que con el rechazo de ciertas deducciones por parte de la autoridad se está llegando a un resultado fiscal totalmente desproporcionado, ésta, sin realizar una verificación del incremento del patrimonio del contribuyente (flujos de dinero), concluye su auditoría con la determinación de créditos prácticamente impagables.
- No parten de la buena fe de los sujetos auditados y asumen indebidamente que a éstos toca probar que su contabilidad no refleja operaciones apócrifas o simuladas.
Esto es de la máxima importancia, ya que si se parte de la culpabilidad del pagador de impuestos, no suele haber pruebas suficientes que convenzan a la autoridad de lo contrario y se le traslada al contribuyente la obligación de probar que su actuación fue correcta. Por el contrario, la presunción de buena fe, que constituye un Derecho del contribuyente y una obligación para la autoridad, significa que toda falta u supuesta omisión del pagador de impuestos, así como su intención de cometerla, debe ser probada por la autoridad.
Si bien, las malas prácticas aquí exhibidas derivan de la Recomendación 31/2015 disponible en la página de Prodecon (www.prodecon.gob.mx), éstas han sido observadas en diversos procedimientos de Queja tramitados ante esta Procuraduría por los contribuyentes.
Los invito nuevamente a que si tienen alguna duda en relación a cualquier acto de una autoridad fiscal federal, nos llamen al 01.800.611.0190 o nos escriban a [email protected], recordándoles que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos.
Por: Francisco Javier Ceballos Alba, Subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes.
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
