Hace unos días la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer el mayor robo de identidad del que tuviera registro; usando los datos de una joven de Nayarit, se realizaron operaciones de venta de alcohol etílico por cerca de 800 millones de pesos.
Todo comenzó con el extravío de la credencial del IFE. Delincuentes que hoy siguen sin identificarse, falsificaron dicha identificación modificando la fotografía y la firma, y dejando el resto de los datos intactos.
Con dicha identificación lograron, en 2009 inscribir a la joven nayarita en el RFC como comerciante al por mayor en productos farmacéuticos, con destilación y venta de alcohol etílico, y abrir una cuenta bancaria ‘a su nombre’. Cabe señalar que en dicho año los movimientos ante el RFC se podían realizar con una simple contraseña (CIEC) que no contaba con mayores controles de seguridad.
Durante la segunda mitad del 2009, los delincuentes realizaron depósitos en efectivo por una cantidad superior a los 800 millones de pesos, lo que detonó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le iniciara una auditoría, revisión que nunca conoció la joven nayarita, pues el domicilio que los delincuentes le proporcionaron al SAT era falso.
Ante la imposibilidad de localizar al contribuyente, el SAT emitió una primera multa, cercana a los 10 mil pesos, la que conoció la joven nayarita hasta 2012, fecha en que acudió al SAT a intentar registrase “por primera vez”, conociendo en dicha visita al SAT que se ‘había inscrito’ desde 2009 y que tenía una multa pendiente de pago.
Por dicha multa, la contribuyente inicia un medio de defensa en el que se concluye, con toda claridad, que el IFE utilizado para la inscripción en el SAT era falso –lo dice claramente el IFE- y que la cuenta bancaria aperturada en 2009 no le correspondía y, en consecuencia, tampoco los depósitos millonarios –lo dice claramente la institución bancaria-.
Hasta ese momento, el único problema que la contribuyente tenía –el único que ella conocía- estaba solucionado, sin embargo, en abril de 2014 le inmovilizan su cuenta bancaria –ahora sí la suya- por una segunda multa que derivó de la auditoría ya comentada.
Ante la imposibilidad de resolver dicha segunda multa, se acerca a Prodecon, y derivado de las acciones de investigación realizadas se conoció que además de dicha segunda multa, tenía un crédito fiscal resultado de la auditoría, por más de mil 800 millones de pesos.
Como puede darse cuenta, la historia es digna de la ciencia ficción y desafortunadamente el problema del robo de identidad va en aumento, urge la coordinación entre las diversas instancias federales para el combate de éste delito que puede afectarle a cualquiera.
Actualmente PRODECON se encuentra trabajando con el SAT para lograr que la contribuyente que fue objeto del robo de su identidad no se vea afectada por un crédito millonario que no le corresponde, encontrando gran apertura y apoyo por parte de la autoridad fiscal.
Le recuerdo que PRODECON puede apoyarlo con cualquier duda o problema en materia fiscal federal por lo que lo invito a que se acerque a cualquiera de nuestras oficinas (www.prodecon.gob.mx), nuestros servicios son totalmente gratuitos.
Hasta la próxima.
Por: Francisco Javier Ceballos Alba, Subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente