Para hablar de la corrupción en Colombia se necesitaría más de una edición de Querétaro A.M., pero lo cierto es que es el principal mal que aqueja al país por encima del narcotráfico, la guerrilla, los grupos ilegales y se extiende a todos los niveles, incluyendo a los encargados de impartir justicia.

Lo peor es que se acostumbraron a convivir con la corrupción, al punto que en días pasados hubo consulta para ponerle un tatequieto y no paso nada.

La corrupción no tiene compasión con la salud, la educación, el campo, la alimentación de los niños, las vías de comunicación, el deporte, las fuerzas militares y  los dineros de los pensionados ante la apatía de las autoridades por buscar a los encargados de saquear los recursos del erario público y de paso castigarlos.

El caso Odebrecht, es la cereza del postre de los escándalos, que salpicó el estamento político  y al Fiscal General Néstor Humberto Martínez que tras la muerte del ingeniero y auditor de Corficolombiana del Grupo Aval  en la Concesión de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, horas después anunciar a la periodista María Jimena Duzán que su vida estaba en peligro.

A lo anterior se agrega el posterior deceso de su hijo Alejandro tras beber agua de una botella que contenía cianuro y que mantenía su padre en su escritorio. Pizano padre, había dado al fiscal información desde el 2015 de las anomalías que estaban sucediendo donde se conoció que la autoridad había sido asesor.

La desfachatez de la corrupción dio para que los acusados en los desfalcos sean enviados preventivamente a la cárcel pero con la habilidad de los defensores logran aplazar audiencias y que el Cartel de la Toga, que reúne a los magistrados de la Corte Suprema Justicia,  falle que los términos se vencieron o que les den casa por cárcel algo risible pero lo peor es que no devuelven el dinero.

Claro que en el primer caso los que salieron por vencimiento de términos demandan, piden grandes indemnizaciones y la consiguen osea que además de ladrones salen bufones.