Sergio Arellano

En días pasados se llevó a cabo un evento trascendente en la ciudad de Bogotá, Colombia, emprendido por la Red Mundial de Jóvenes Políticos.

Además de sentir una profunda satisfacción al constatar el empeño de las juventudes latinoamericanas que participaron, se vio un tema que debe ser prioridad para los entes gubernamentales de tal forma que podamos mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Me refiero particularmente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que han enmarcado las Naciones Unidas para combatir y prevenir las carencias o necesidades del mundo; como ejes principales, podemos evidenciar la erradicación de la pobreza y la desigualdad, hambre cero, paz, justicia, energía limpia, educación de calidad, igualdad de género, comunidades sostenibles, acción climática, trabajo digno, instituciones sólidas, cuidado al ecosistema y a nuestros recursos naturales;  salud y bienestar, entre otros.

Aprovecho para mencionar que, al día de hoy, se concibe este asunto como una recomendación o sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los países miembros. La realidad es que parte de una obligación del Estado de derecho constituido, por lo menos, en México. ¿Cuál es el sustento? El principio pro homine ha sido profundamente analizado en nuestra legislación, el mayor beneficio de la persona.

Por lo anterior, no encuentro razón para que el Gobierno federal, estatal o municipal evada o cumpla parcialmente con estos puntos clave que han sido estudiados por expertos en la materia. No basta con las metas personales de los candidatos o administraciones en turno.

Tal y como caminamos con la transversalidad de los derechos humanos, sería una magnífica idea asentar la obligatoriedad de la perspectiva de desarrollo sostenible.

Como podrá observar, estimada lectora o estimado lector, las naciones deben de reconocer e implementar las herramientas internacionales para gobernar eficazmente. El exhorto en esta ocasión radica en que los tres poderes de la unión coadyuven entre sí y con la sociedad civil organizada, para  fomentar y exigir la práctica de estas reglas efectivas.