Jorge Maldonado
La base de una nación desarrollada y próspera es el respeto por la ley, que exista estado de derecho. Si bien se necesita cooperación ciudadana, la clase política debe ser la principal promotora de esta cultura de respeto, justicia, civilidad y legalidad.
En México, ocurre todo lo contrario a lo que debería. La máxima autoridad del país, lejos de procurar que se respeten las leyes, dice que “no le vengan con que la ley es la ley”, o que su “autoridad moral está por encima de la ley”. Se equivoca, la autoridad moral no es ley, y menos la suya.
Con actitudes como estas, no sorprenden los resultados tan adversos. Según el World Justice Project, una ONG que se dedica a evaluar países y estados, México es el lugar número 27 de 32 en América Latina. Sí, se respeta más la ley en países como Ecuador, Jamaica, Guatemala, Colombia. En ausencia de corrupción, estamos en el lugar 30 de 32. Peor que Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Honduras, entre otros.
Por si fuera poco, en el marco de todo lo antes mencionado, planean volver a la época del porfiriato, pretende que ministros, magistrados, jueces, y demás encargados de impartir justicia, lleguen al cargo por elección popular, no por su capacidad. Así como él. Los resultados son evidentes.
Para cerrar con broche de oro, como si no sobrara impunidad, quieren adueñarse del derecho a decidir a qué criminal se le perdona.
La ley, sí es la ley. La autoridad moral, no.
