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12 de febrero 2021

Pareciera que hay 3 modelos de regulación que se han puesto en práctica o se han analizado a nivel global

Abel Mejía

Twitter no es una tecnología, es una conversación- y está sucediendo con o sin nosotros.- Charlene Li
Talvez esta es la premisa esencial con la que debemos iniciar este análisis. Twitter, y todos los demás gigantes de redes sociales, están aquí para quedarse. Seguirán creciéndo, volviéndose más importantes e impactando en cada vez más elementos de nuestras vidas personales, sociales, profesionales y económicas. Eliminarlos es irreal, pensar vivir sin ellos es tonto, dejarlos que actúan a sus anchas es suicidio, no queda más que tratar de crear un marco regulatorio donde se multipliquen sus beneficios y se minimicen sus riesgos.

Pareciera que hay 3 modelos de regulación que se han puesto en práctica o se han analizado a nivel global: control absoluto por parte del gobierno, protocolos de autocensura de la misma plataforma, y delegación a un órgano autónomo que conforme parámetros reglados sea quien tenga la espada de Damocles.

En un extremo tenemos a regímenes autoritarios como (i) Rusia donde el regulador tiene el poder de bajarle el “switch” a cualquier plataforma en caso de una emergencia, sin que haya una definición de cuando se entiende hay una emergencia; y como (ii) China donde las plataformas Twitter, Google y WhatsApp están bloqueadas y sus servicios se proveen a través de proveedores locales como Weibo, Baidu y WeChat. En medio, con autorregulación, tenemos las posiciones de YouTube que emite un reporte de transparencia donde señala el contenido que ha eliminado por impropio; Facebook ha indicado que tiene más de 35,000 personas en el mundo trabajando en temas de seguridad y moderación y también publica estadísticas sobre el contenido que elimina; y – por supuesto- Twitter que ha ido al extremo de vetar al mismísimo presidente de los E.U.A. por haber emitido mensajes francamente falsos fraudulentos. Finalmente, en el otro lado del péndulo se va formando la idea denominada “Arbitration Independent Review” que prevé la conformación de una autoridad independiente, financiada parte por el gobierno y parte por cuotas que se le cobrarían directamente a las plataformas, que tendría a su cargo decidir cuando un usuario de una plataforma debe ser vetado y/o su contenido eliminado.

Considerando la realidad de nuestro país, parecería que la opción de dejar esta regulación en manos de un gobierno que cada vez se muestra más autoritario es muy peligrosa. Por su lado, la alternativa de auto-censura pinta complicada también siendo que los corporativos de estas plataformas todas están en el extranjero. Aunque lejos de perfecta, parecería que, si hay una alternativa medianamente viable, esta es la de buscar a un regulador verdaderamente autónomo y compuesto de integrantes expertos en libertad de expresión y sus límites.

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