Dentro de las condiciones procedimentales del derecho, existen las famosas pruebas superveniente
Sergio Arellano
En días pasados, recordamos uno de los episodios más lamentables para la política mexicana: la pérdida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. La versión oficial del gobierno del ex presidente Carlos Salinas se inclinaba a que el asesinato estuvo en manos, única y exclusivamente, de Mario Aburto. Más allá de lo que usted opine, estimada o estimado lector, considero que tal suceso evidenció uno de los enramados más obscuros del presidencialismo que nos gobernó por más de 60 años. ¿Por qué salió este asunto de nueva cuenta? Por la incidencia de la defensa de los derechos humanos, tema vital en el funcionamiento de los tres poderes de la unión.
Los procesos en materia penal y, en general, nuestro sistema jurídico, tienen que acotarse a la protección más amplia de la persona, incluso con la existencia de la resolución de un juez. Esto viene a colación tras una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentada por el mismo Mario Aburto. En dicho documento se asentaron conductas contrarias a la dignidad humana como por ejemplo la tortura, carencia de alimentos y de atención médica durante su reclusión. Además, comunica este organismo autónomo que yace evidencia que puede sumar a la reapertura del litigio. Con esta serie de hechos, ¿puede volver a abrirse el caso Colosio? La respuesta es que sí.
Dentro de las condiciones procedimentales del derecho, existen las famosas pruebas supervenientes, mismas que permiten ofrecer elementos una vez que se ha dictado una sentencia firme. Nada más se admiten aquellas evidencias que afecten verdaderamente la determinación judicial. Lo anterior se hace para ponderar los supuestos en boga y juzgar de manera más clara. Por ello, tratándose de algún otro particular que se encuentre privado de su libertad, es importante conocer los mecanismos constitucionales para la garantía de la justicia. Habría que estar pendientes de los próximos días del proceso legal que tenga lugar en aras de esclarecer este pasaje oscuro de la democracia de nuestro país.
