Organismos empresariales y especialistas señalan que la reforma eléctrica tendría un costo, de entrada, para el país, de 70 mil millones de dólares
Hugo Cabrera
La reciente aprobación de la reforma eléctrica ha generado un debate constante en distintos frentes y con diversas aristas; se han contrastado pros y contras de la reforma, a la discusión se han sumado especialistas en economía, medio ambiente, legisladores y, ahora, salta al terreno judicial y las implicaciones económicas de las suspensiones por parte del Poder Judicial a la reforma propuesta por Gobierno federal y aprobada por el Poder Legislativo.
Estamos en medio de un intempestivo ataque del Poder Ejecutivo Federal en contra del Poder Judicial de la Federación, al querer entrometerse en su autonomía e independencia. Quienes hoy encabezan el Gobierno Federal ya no necesitan “mandar al diablo a las instituciones” en medio de eventos multitudinarios, hoy las ignoran, hostigan y atropellan; los más afectados no son quienes conforman las instituciones, los más afectados son las familias mexicanas.
Organismos empresariales y especialistas señalan que la reforma eléctrica tendría un costo, de entrada, para el país, de 70 mil millones de dólares por el pago de indemnizaciones a las empresas afectadas, el equivalente al 7 por ciento del producto interno bruto del país. Los caprichos y la obstinación están saliendo cada vez más caros; mandar al diablo a las instituciones no solo afecta la soberanía, también hace estragos en las finanzas públicas.
En el contexto actual, la solicitud de investigar al juez que otorgó la suspensión, así como la iniciativa enviada al Senado de la República para sancionar a jueces, representa una embestida contra las instituciones; las muestras de autoritarismo son, preocupantemente, cada vez más claras.
El 2021 es crucial. Estoy convencido de que vivimos en un contexto histórico donde las decisiones que se tomen definirán el curso del país en los próximos años. No existe margen de error; fortalecer los contrapesos se hace más necesario que nunca como antídoto para un autoritarismo que cobra fuerza y amenaza con dañar al país. Lo que se defiende, más allá de una teoría política y el equilibrio de poderes, es la calidad de vida de las familias.