La FGR puso su expediente a la mano de cualquiera en un hecho inédito en tiempos recientes, aunque también hubo criticas porque cientos de páginas fueron tachadas por completo
Daniel Lizárraga
En las próximas semanas, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidirán si el expediente sobre la exoneración del general Salvador Cienfuegos se eliminaron datos o hechos que sí podían conocerse o, por el contrario, las tachaduras en los dos legajos con 7,548 páginas se apegan a lo que marca la ley.
Fue el sábado 16 de enero de este 2021, cuando la FGR divulgó la versión pública con sus argumentos para concluir que Cienfuegos no podía ser acusado, ni mucho menos sometido a juicio por delitos relacionados con el narcotráfico como lo pretendió el gobierno de Estados Unidos luego de que, tres meses antes, un grupo de agentes de la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA) aprehendieran al general en el aeropuerto de Los Ángeles.
La FGR puso su expediente a la mano de cualquiera en un hecho inédito en tiempos recientes, aunque también hubo críticas porque cientos de páginas fueron tachadas por completo, y en algunas, no era posible hilar una o dos oraciones seguidas.
La misma fiscalía y López Obrador afirmaron que omitieron datos personales, así como aquella información que pusieran en riesgo a testigos o que afectase otras posibles investigaciones.
¿La FGR puso a disposición de la gente todo lo que era posible? ¿Quienes estuvieron a cargo de revisar la versión pública pusieron por delante el principio de máxima publicidad? ¿Cómo podríamos estar seguros de que no tacharon algo que sí pudo conocerse? este tipo de preguntas rondaron por la cabeza de quien esta columna escribe.
En el mismo mes de abril, este periodista tramitó una solicitud de acceso a la información dirigida hacia la fiscalía para pedir copias de los dos legajos del caso Cienfuegos. Desde luego, era obvio que respondieran enviando el vínculo en internet para consultar los dos tomos, como así sucedió.
Sin embargo, esto fue parte de una estrategia para buscar que otros ojos, ajenos al gobierno de la 4T, miraran los expedientes. El INAI no podía revisar por decisión propia la versión pública de la FGR, sus atribuciones no llegan a tanto. No obstante, sí podrían hacerlo siguiendo un camino distinto: había que poner el tema dentro del margen de su competencia y eso se consiguió con una solicitud de acceso a la información.
Uno de los argumentos que esgrimí fue que como periodista busco tener mayor certeza sobre las decisiones tomadas dentro de la FGR en un caso de interés público. Por ello, pedí al INAI -a través de un recurso de revisión-que hicieran las gestiones necesarias para valorar el trabajo de la fiscalía.
En un escrito enviado a quien esto escribe por parte del equipo de comisionado Oscar Guerra, notificaron que ya pidieron a la fiscalía una lista, por tomo y anexo, de los datos y la información borrados de la versión pública, y, además, que señalen bajo al amparo de cuáles artículos estos se encuentran clasificados o reservados.
Cualquiera que sea su decisión, Oscar Guerra deberá llevarla ante los demás comisionados (as) en una sesión plenaria del INAI para que su proyecto sea aprobado o rechazado. La decisión que tome el pleno sobre el caso del general Cienfuegos será una muestra sobre la utilidad que tiene el INAI.
Vayamos a la propuesta de AMLO. Si en este momento no existiera el INAI el recurso de revisión estaría muy probablemente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Este será justamente el mayor problema:
La Función Pública colaboró en esta indagatoria aportando las declaraciones patrimoniales del general Cienfuegos. También analizó si había inconsistencias entre las cuentas bancarias, los bienes e ingresos del militar como servidor público. En otras palabras, La SFP sería juez y parte.
