En esta columna no se pretende descifrar la inocencia o culpabilidad de Cabeza de Vaca, aquí se busca discutir la validez constitucional de lo hecho por la FGR y la UIF, que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Hugo Lora
La persecución política de la oposición en tiempos de elecciones por parte del Gobierno Federal y el partido oficial parece un cuento del siglo pasado y que ya había terminado, pero al parecer aún queda un capítulo más y línea con línea el cuento se convierte en una novela tétrica. Esta nueva sección tiene lugar en Tamaulipas, sede del Gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al que se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Estos se basan en tres denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República en 2020 y 2021. Pero ¿ahora que está pasando?
Se giró una orden de captura en contra del gobernador Cabeza de Vaca, la cual fue otorgada en audiencia privada por el juez federal Iván Aarón Zeferín del Estado de México. Casi de manera simultánea, la UIF ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de 37 personas ligadas directamente con el gobernador de Tamaulipas. En esta columna no se pretende descifrar la inocencia o culpabilidad de Cabeza de Vaca, aquí se busca discutir la validez constitucional de lo hecho por la FGR y la UIF, que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, por ende, al presidente de México.
En este caso se aplica el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, que en palabras sencillas describe dos pasos para que se le quite la inmunidad al gobernador y se pueda proceder penalmente en su contra: primero, es que por mayoría absoluta la Cámara de Diputados lo apruebe; segunda, tiene que pasar lo mismo en la legislatura local. En el caso de Cabeza de Vaca no sucedió la última por lo que este sigue siendo Gobernador y sigue contando con fuero constitucional. Al hacer lo descrito en párrafos anteriores Gobierno Federal y la FGR están violando la constitución, por lo que a mediados de la semana el Coordinador de los Senadores de MORENA, Ricardo Monreal, declaró que buscaría disolver los poderes del estado de Tamaulipas; acto que no prosperó pues no logró llamar a un periodo extraordinario de sesiones debido a que la oposición lo frenó.
Después de lo sucedido en Nuevo León es claro que el presidente quiere dejar en claro que no se permitirá que los gobernadores de oposición sean disidentes y si lo son, se usará todo el peso de la ley para aplastarlos.
