La renovación del ánimo electoral para ir a las urnas nuevamente con la cercanía de elecciones a gobernador en seis estados de la República Mexicana; la discusión por la pregunta; la validez legal de dónde termina y donde comienza el derecho a elegir y ser electo por seis años; la posición de la oposición; las posturas de la ciudadanía, de los empresarios y de la Iglesia; el costo económico; la participación o movilización; la aceptación o no de los resultados.

Una amplia lista de retos que la comunicación de las instituciones, del Gobierno y de los partidos políticos y de todas y todos los participantes tendrá que resolver ante la opinión pública para lograr consensos en torno a un tema que la mayoría de la población mexicana desconoce.

Será la primera vez en México que se implementa un mecanismo de participación y de consulta directa para ratificar a un presidente electo por seis años, por lo que el reto de comunicarlo y que la gente –fuera de las maquinarias y padrones electores– lo entienda y participe no es menor.

En el intento anterior para comunicar la consulta popular, hubo notables discordancias en al menos aspectos sustanciales para construir con estrategia y efectividad: el concepto, los recursos y los canales de comunicación para su difusión.

El concepto legal fue distorsionado a conveniencia de todos los participantes. Unos la llamaron la consulta para enjuiciar a los presidentes, otros para sancionar decisiones políticas del pasado, etcétera, un sinfín de títulos, nombres, definiciones para intentar denominarla. Si no sabes qué se consulta, difícilmente tendrás buenos resultados.

Un segundo aspecto fueron los diversos usos de canales de comunicación y mensajes antagónicos. Tanto partidos políticos como las instituciones del Estado mexicano hicieron uso de sus habituales canales de difusión, pero no necesariamente los más efectivos para informar y llamar a la acción a millones de mexicanos en menos de tres semanas que duró el periodo para hacerlo.

La autoridad electoral optó por el uso de radio y televisión en tiempos oficiales, redes sociales, mientras que los partidos de oposición utilizaron carruseles de entrevistas con medios aliados sin costo, espacios conseguidos mediante sus relaciones públicas. Pero también aparecieron en escena miles de promocionales, volantes, pinta de bardas, lonas en la mayoría de las ciudades con mayor densidad poblacional.

Por el mensaje en dichos promocionales, no fue difícil suponer a quién a atribuirle el origen de dicha campaña; sin embargo, hasta el momento no se conoce las fuentes de financiamiento para llevar a cabo dicha campaña a nivel nacional que fue más efectiva que la institucional emprendida por el INE.

A escasos seis meses de distancia y con la experiencia anterior de la consulta popular, pareciera que no se aprendió la lección. Aún no se tiene claridad sobre las reglas para comunicar con éxito la primera revocación de mandato.

Si bien es cierto que será el Instituto Nacional Electoral el responsable, no se ha definido si se le otorgarán más tiempos oficiales para hacer campaña en radio y televisión vía ‘spots’ o si contará con el presupuesto necesario para hacerlo en redes sociales y a nivel territorial.

Tampoco se conoce si habrá sanciones para aquellos que busquen hacer su propia campaña como en la consulta popular, donde cada interesado usó conceptos, canales de comunicación diferentes con cargo presupuestal a fuentes de financiamiento desconocidas.

Hoy que está, en su etapa de construcción, la primera consulta de revocación de mandato, tanto el Senado de la República como sus integrantes han mandado señales confusas para la población. Hasta el momento, hay un dictamen que pareciera no tener mayoría en torno a la pregunta que será clave en la penetración pública.

El reto no es menor, ya que será la nueva Legislatura la que apruebe la reglamentación en la materia, así como los términos y plazos para la comunicación nacional e internacional de la misma, lo que implica una confrontación de narrativas con una oposición legislativa que parece tener una posición radical sobre el tema.

En tanto, el INE ya difunde, a través de entrevistas con sus consejeros electorales, la posesión de un reglamento en la materia que daría viabilidad técnica y operativa para su puesta en marcha. Este ejercicio, justifican los consejeros, surge ante la demora del Congreso en poner las reglas claras. Los legisladores ya los acusan de intentar legislar.

La discusión mediática, los medios de comunicación, columnistas y académicos también han fijado su postura. Tan solo el último mes se publicaron no menos de 120 columnas de opinión sobre el tema. La mayoría con posiciones contra el mecanismo prevén que no será de gran utilidad pública, sino política.

El camino apenas comienza y las voces de los participantes empiezan a escucharse. El que tenga la mayor capacidad de comunicar y, por supuesto, la mejor estrategia para conectar, comunicar y convencer será el ganador con los resultados de la revocación de mandato.

LO MÁS VISTO

[ Ver más ]