Daniel Lizárraga

Andrés Manuel López Obrador escucha, pero difícilmente reconoce cuando se equivoca o algo anda mal. Esto es algo que se ha dicho –desde hace años– entre los amigos, exasesores de campañas electorales y ahora entre funcionarios en el Palacio Nacional. Esto frecuentemente se ha reflejado en su trato con los medios de comunicación en las conferencias de prensa mañaneras de los miércoles dedicadas a “quién es quién en las mentiras”.

En el Palacio Nacional se confunde –quién sabe si por ignorancia o deliberadamente– al periodismo de opinión y al de información. La teoría y la práctica entre ambos no deja lugar a dudas, pero esos días reciben un trato igual. López Obrador está en su derecho de responder a las críticas cuando, a su juicio, hay mentiras o yerros, pero si un reportaje de investigación revela inconsistencias y, sobre todo, posibles actos de corrupción en sus programas sociales, enmudece. Un ejemplo de ello sucedió recientemente con la cobertura periodística ‘La caja negra llamada Sembrando Vida’, publicada por Expansión.

Nadie en su sano juicio podría oponerse a una política pública encaminada a atender a las poblaciones rurales ubicadas en las regiones de más alta biodiversidad, donde viven familias con serias carencias clasificadas como de medio o muy alto grado de marginalidad, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El programa ha buscado palear la pobreza mediante cultivos tradicionales, así como árboles frutales y maderables para generar empleos. Además, pretende reforestar un millón 075 mil hectáreas. Nada mal, en teoría. Sin embargo, el trabajo de las periodistas Lidia Arista, Monserrat Peralta, Adriana Ortega y Mariel Ibarra ha revelado delicados problemas en su funcionamiento:

• Las denuncias por malos manejos se investigan con lentitud y por ahora con nulos resultados.
• A los campesinos los amonestan con facilidad y, en algunos casos, los expulsan de manera discrecional. Pocos son quienes se atreven a cuestionar o a denunciar por miedo a ser dados de baja.
• Hay opacidad en el manejo de los más de 4 mil 200 millones de pesos –alrededor de 210 millones de dólares– en ahorros que pertenecen a los “sembradores de vida”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha dado de baja a 51 mil campesinos. Setenta sembradores, incluso, han sido acusados de “corrupción”. Dentro de este amplio universo de beneficiarios dados de baja se camuflan los casos más polémicos de campesinos que han denunciado irregularidades en el programa y que después son expulsados por el Gobierno.
En la veintena de testimonios recolectados por Expansión, la constante es la misma: los campesinos han confesado que se abstienen de hacer denuncias por el miedo a que les retiren el apoyo, que en comunidades de extrema pobreza puede hacer la diferencia para una familia.

El reportaje deja en claro una serie de problemáticas. Este programa pretende llevarse a Centroamérica para frenar, en la medida de lo posible, la migración a Estados Unidos, pero en las condiciones en que opera habrá que enderezar el rumbo. De otra manera, seguirán nutriéndose las caravanas de migrantes. Escuchar lo que está pasando es fundamental. Atender los problemas debería ser una prioridad. El reportaje –bien documentado– debería preocuparles en el Palacio Nacional. No es una noticia falsa y quizá por ello pasará desapercibida. Lamentable.