Esta semana se discute en la Cámara de Diputados el futuro del año 2022. Aunque la gran mayoría de los ciudadanos no está atenta, en la Cámara se debate el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este proyecto es elaborado por la Secretaría de Hacienda y en él se describe cómo, en qué, cuánto y por qué se va a destinar hasta el último peso que recauda, gana y obtiene el país. Entre los rubros que se razonan –es un decir– se aprueban las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.

Hace algunos años, en el recinto de San Lázaro, se veía una gran cantidad de artistas, cineastas, administradores, presidentes municipales y gobernadores que iban con los diputados que los representaban para exponer algún proyecto que podía ser financiado por la Federación, se incluyera en la ley y entonces recibiera recursos.

Los proyectos se ‘cabildeaban’ de muchas formas. Había oportunidad de lograr que algún proyecto noble, necesario o urgente recibiera recursos y se llevara a cabo. Además, cada diputado tenía una bolsa con la que podía asignar proyectos que beneficiaran directamente su distrito e incluso algún otro, tomando en cuenta que había municipios que pertenecían a alguna corriente política contraria a la de su diputado federal, a su gobernador o que por alguna razón ya no alcanzara a cubrirse, cualquier diputado podía ayudar a hacer realidad un buen proyecto. Es verdad que había moches, que se prestaba a corrupción, pero muchos proyectos veían luz. En lugar de eliminar las malas prácticas, por un radicalismo absurdo todo fue eliminado; hoy la Federación es la que decide todo, los presidentes municipales no tienen forma de presentar ningún proyecto, no pueden alzar la voz, ni buscar ayuda. No hay nada.

La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, cuya presidencia pertenece al PAN, quiso brindarles a los presidentes municipales de todo el país la oportunidad de tener voz en la Cámara de Diputados e incluso darles la oportunidad de que, a través de ella, pudieran presentar proyectos para que de comisión a comisión se entregaran. Incluso, de muy buena fe, el secretario de la comisión, el priista Lázaro Jiménez Aquino, se ofreció a revisar, junto con su equipo, la integración de los elementos técnicos de los proyectos sin distingo partidista.

Los diputados de Morena se negaron, incluso buscaron llevar a diputados que no estaban presentes en la reunión para que hubiera suficientes votos, se votara en contra y no se entregara la opinión; lo lograron. La Comisión de Federalismo es prácticamente la única que no entregó su opinión sobre el presupuesto.

Algunos presidentes municipales tuvieron voz en un foro que organizó la Comisión de Presupuesto. Por ejemplo, el de Querétaro, Luis Bernardo Nava, propuso un interesante esquema de premios con aumento de recursos en base al cumplimiento de metas de seguridad. El presidente municipal de Tula hizo un dramático llamado a los diputados a considerar los casi 3 mil millones de pesos que necesita el municipio para poder reconstruirse luego de que se inundó, de manera catastrófica, hace unos días.

¿Los diputados de Morena tomarán en cuenta esas propuestas? No. ¿Por qué? Simple, no están obligados. El presidente AMLO y su Secretario de Hacienda ya decidieron a quién darle dinero y a quién no. Como lo hizo el año pasado, el presidente saldrá a presumir sus programas sociales, que cada día benefician a menos, sus obras faraónicas y nada más. Mientras municipios como Tula y cientos más de los 2 mil 458 municipios del país tendrán que esperar a que el presidente los considere o que, en 2024 y en una de esas hasta el 2030, cambie y termine todo lo que decide una sola persona y está mal, en este Gobierno.

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