Daniel Lizárraga
El modelo tradicional de financiamiento en los medios de comunicación a través de la publicidad oficial, los anuncios de la iniciativa privada y los oscuros intereses de los dueños en negocios paralelos ya hicieron agua y para nadie esto es un secreto. Poco a poco, al menos en toda Latinoamérica, pierden fuerza y, sobre todo, credibilidad. La gente, en general, es mucho más exigente y saben de qué pierna cojean. Ante este panorama, decenas de periodistas han puesto la mirada en el diseño de páginas web o espacios informativos en línea.
Desde México hasta Argentina han surgido este tipo de iniciativas, algunas con menos éxito que otras, pero se trabaja en mantener esos espacios bajo un modelo de financiamiento distinto. Hasta el momento, uno de los pilares en este tipo de medios de comunicación es conseguir recursos de organizaciones mundiales como Open Society Fundation o Ford Fundation, entre otras. ¿Es lo único e ideal? No, desde luego, pero el problema inmediato a resolver es que el dinero aportado por la gente, ya sea por suscripciones o donativos, es insuficiente.
Sin embargo, ello no significa que los periodistas aceptemos una agenda impuesta a cambio del dinero, como lo han hecho creer algunos presidentes como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el salvadoreño Nayib Bukele y el nicaragüense Daniel Ortega. Esas condicionantes simplemente no existen. Una de las organizaciones más controvertidas, en este renglón, ha sido la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). En este caso, los recursos son aprobados por el Congreso de Estados Unidos, no por el Gobierno de Joe Biden. De cualquier forma, se trata de recursos públicos.
En la experiencia de quien escribe esta columna, nunca recibí alguna instrucción o, peor aún, una orden para dirigir un reportaje contra el Gobierno de López Obrador. El proyecto que en su momento coordiné en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consistió en usar esos fondos para promover reportajes sobre la impunidad que reina en los poderes judiciales o en las fiscalías estatales. ¿Para qué? La respuesta es sencilla: los colegas en la mayor parte del país no tienen espacios donde publicar ese tipo de trabajos. Los diarios tradicionales –con algunas excepciones– dependen de la publicidad de los gobernadores o de los negocios de los dueños.
Además, y no menos importante, el periodismo de investigación cuesta viajes, diseñadores, programadores y analistas de datos. Una de esas coberturas exitosas fue la grave y delicada ola de secuestros en Nayarit durante el Gobierno del priista Roberto Sandoval. La maquinaria para quedarse con propiedades y negocios era manejada por el fiscal Edgar Veytia, ahora tras las rejas acusado de complicidades con el narcotráfico. Ninguno de esos trabajos pasó siquiera cerca del Palacio Nacional.
¿Es aceptable recibir dinero del Congreso de Estados Unidos? Quizá no, o por lo menos habría que discutir sus consecuencias. Por ejemplo, en El Faro –un medio de comunicación salvadoreño– no aceptamos dinero de Estados Unidos. El intervencionismo de ese país, tan histórico como nefasto en Centroamérica, no deja resquicios.
La gente, los potenciales lectores pueden o no estar de acuerdo con el financiamiento extranjero. Hay que debatirlo y, por qué no, manifestarse en contra. Escuchar a las audiencias es fundamental, pero sin duda atender las acusaciones del poder –no importa el partido, la ideología o el país– sobre que acatamos líneas extranjeras es inaceptable; mienten.
