Daniel Lizárraga
Al periodismo de investigación –más que en ningún otro género– pedirle objetividad es una falacia. Cuando un equipo de reporteros o reporteras plantean una hipótesis, hay que comprobarla. A quienes hemos andado por esta vertiente, se nos debe exigir que nuestra principal revelación esté sustentada, con pruebas, no que seamos objetivos. Como lo escribió alguna vez Miguel Ángel Bastenier en su libro ‘El blanco móvil’: soy subjetivo porque soy sujeto.
Este principio hay que tenerlo siempre en mente quienes nos dedicamos al periodismo de investigación, entre las audiencias cada vez más exigentes y dentro de los gobiernos que, en algunas ocasiones, emiten desmentidos –en caso de que se les pueda llamar así– porque algún reportaje no es “objetivo”.
Esto viene a colación por el último reportaje difundido por el portal Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola, sobre las empresas fantasma que han sido contratadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.
No podemos ser objetivos, pero sí equilibrados. En estos trabajos, siempre hay que preguntar a las instituciones involucradas qué tienen que explicar sobre nuestras revelaciones antes de publicar. Es un asunto ético y, además, representa un nudo metodológico. A partir de las repuestas oficiales podemos profundizar, seguir en la misma línea o, por qué no, rectificar. Nada de esto se observa en el reportaje mencionado. En caso de que, como suele suceder en estos tiempos, el Ejército se niegue a responder, entonces hay que dejarlo por escrito, plasmado.
Pero hay algo aún más inquietante. No basta con verificar direcciones inexistentes y nombres de supuestos dueños que no corresponderían con el perfil de un gran proveedor para una obra como la del nuevo aeropuerto. Desde luego, estos son indicios de que la hipótesis va en una ruta correcta. Sin embargo, ante la cerrazón oficial y la costumbre del Gobierno mexicano actual de salir por las puertas fáciles, hay que profundizar más y no lo hicieron.
No es lo mismo una empresa fantasma que una empresa fachada. A menudo las confundimos, pero entender las diferencias en este tipo de investigaciones es sustancial. Una empresa fantasma es aquella que no existe de ninguna manera, nada, ni un dato, ni un nombre, aunque sea falso.
En el caso de los contratistas del Ejército –según la respuesta en la rueda de prensa mañanera en el Palacio Nacional– los ingenieros militares dicen que sí actuaron conforme a la ley porque las empresas cuestionadas estaban registradas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre otras instancias.
Ese justamente el nudo periodístico por atender. Una empresa fachada o de papel sí existe en registros oficiales. De hecho, pueden darse de alta ante el SAT y, como sucedió, tener registro de haberse constituido. Sí existe, pero cómo opera es otra cosa. Tiempo y profundidad son otras de las dos características del periodismo de investigación.
Estos errores facilitaron la respuesta del Ejército en voz de Ana Elizabeth García Vilchis. Era sencillo decir que el Ejército se apegó a leyes y reglamentos. El reportaje tenía hilos sueltos, vacíos, que fueron aprovechados por la vocera oficial de los miércoles.
Desde luego, también esto es cuestionable. En vez de revisar a fondo qué pasa en este tipo de contrataciones para cerrar la puerta a las irregularidades, optan por cerrar los ojos y denostar al medio de comunicación, como siempre. Los corruptos pueden ser cualquier cosa menos tontos. Las empresas de papel o fachada han sido una de las prácticas comunes desde sexenios anteriores. El periodismo de investigación expone estos casos para que las autoridades hagan algo, no para que los defiendan. Al Gobierno de AMLO en su guerra contra los medios de comunicación, esto le viene como anillo al dedo, aunque de por medio estén posibles irregularidades.
