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16 de diciembre 2021

Sergio Arellano

De los productores del documental ‘Presunto culpable’, llega a la plataforma de Netflix la miniserie ‘Duda razonable’. Ustedes recordarán que, en la primera historia, se logró sacudir el aparato judicial y las instancias de procuración de justicia por la carencia de elementos constitutivos de delito y las deficiencias en el procedimiento en un caso concreto. ¡Todo México pudo vivir un proceso penal en la pantalla grande!

Ahora, ‘Duda razonable’ muestra el asunto de unas personas que han sido señaladas por el ilícito de secuestro. Más allá de que podamos debatir sobre la inocencia o culpabilidad de los imputados, me gustaría ir al mensaje de este trabajo periodístico. En un principio, nos permitió observar qué tan positiva fue la reforma al sistema de justicia penal, en donde la prueba máxima no es la confesión –ya que antes se utilizaban los mecanismos de tortura para obtener una declaración–, sino el ofrecimiento de pruebas fehacientes.

No obstante, me causa un insomnio gigantesco, la cerrazón, nepotismo, desdén e intolerancia de los fiscales en nuestro país; en algunos escenarios, estas unidades de investigación abusan de aquellos que no tienen los medios para defenderse, generando conjeturas que podrían servir para una publicación novelística y no para esclarecer los hechos.

La serie en comento muestra un municipio en rezago y en donde la gente apenas puede leer y escribir, en donde los abogados de oficio no han recibido una instrucción adecuada para la defensa de sus representados, provocando, en el último de los supuestos, que vayan a prisión. ‘Duda razonable’ es una reflexión para quienes somos licenciados en derecho, servidores públicos, víctimas del delito y ciudadanía en general. Una invitación para que, en lo sucesivo, evidenciemos las prácticas contrarias a la ley.

Resulta una obligación, denunciar aquellos actos de corrupción, tráfico de influencias y abogar cuando la autoridad argumenta lo equivocado. Con la norma en la mano, es inadmisible que se permita una violación al Estado de derecho. Manos a la obra.

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