Estado de derecho en el mundo: Alejandro Gutiérrez

Acaba de publicarse el Índice de Estado del Derecho (o del Imperio de la Ley), correspondiente al año pasado y editado por The World Justice Project, un ‘think tank’ con sede en Washington.

Para efectuar el estudio, el centro de pensamiento analiza cómo es percibido en la práctica, en situaciones del día a día, por el público en general, el Estado de derecho en los países del mundo. Para ello utiliza ocho indicadores: limitación de los poderes del Gobierno, ausencia de corrupción, apertura del Gobierno (transparencia y rendición de cuentas verificable), ejercicio de derechos fundamentales, orden y seguridad pública, aplicación y ejercicio transparente de las regulaciones gubernamentales, justicia civil y justicia criminal.

Los resultados para nuestro país son lamentables y retratan dónde estamos parados. De 139 países del mundo considerados, los mejor calificados fueron Dinamarca y Noruega, seguidos de Finlandia, Suecia, Alemania y Países Bajos. El peor de todos fue Venezuela. México se encuentra en el lugar 113.

A nivel de América Latina, nuestro país aparece en el lugar 27, de 32 países considerados. Peor que México solo son Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Pero países como El Salvador, Colombia o Trinidad y Tobago tienen un mucho mejor imperio de la ley en su vida social y política. Los mejores son Uruguay, Costa Rica y Chile.

Otro aspecto por destacar es que México ha ido descendiendo año con año en el Índice, que se publica desde 2008. Es decir, que lejos de consolidar un sistema político y jurídico eficiente, se ha ido retrocediendo, sobre todo en este sexenio.

El propósito es muy claro: una facción del sistema político mexicano instaurado después de la Revolución Mexicana pretende regresar a los usos y costumbres que rigieron el siglo pasado en el Gobierno del país: presidencialismo sin contrapesos, sistema autoritario con máscara de democracia, nula rendición de cuentas y una corrupción galopante que constituyó la correa de transmisión para que la maquinaria funcionara. Todo ello, a contrapelo de los avances logrados por la sociedad en materias económica, de rendición de cuentas, de cuestionar y desmentir los dogmas oficiales y de libertades en general.

Es esta la agenda que promueven en América Latina el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y defensores de los fallidos gobiernos de Venezuela y Nicaragua, últimos lugares mundiales en Estado de derecho.