El Tribunal ratificó una multa por 4 millones 529 mil 225 pesos correspondientes al 25 por ciento de sus recursos mensuales
Daniel Lizárraga
La secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, usó la puerta de salida fácil, la misma que han buscado las élites del poder cuando una sentencia las pone contra las cuerdas: “Nada, no tengo nada que opinar. Somos muy respetuosos de lo que determine el tribunal. Ya en su momento lo hablaremos”. No, maestra, las resoluciones judiciales se acatan. El respeto consiste en asumir su responsabilidad y no expresar frases huecas.
Por unanimidad, sin que el tema requiriera un debate de fondo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) colocó a la maestra Delfina a la cabeza de una maniobra en el municipio de Texcoco –cuando ella era alcaldesa– para llevar a las cuentas bancarias de Morena –el partido en el poder– 13 millones 752 mil 414 pesos que, a su vez, provenían de descuentos de entre 5 y 10 por ciento a los salarios de los trabajadores entre febrero del 2013 y julio del 2015.
Esta resolución está firme, como se dice en la jerga judicial. No hay otra instancia a la que ella pueda recurrir para clamar su inocencia. El argumento de que se trató de aportaciones voluntarias no prosperó porque el dinero salió de las arcas públicas hacia las cuentas bancarias y en cheques a nombre de dos intermediarias: María Victoria Anaya Campos –a la postre coordinadora de campaña de la maestra cuando buscó la gubernatura del Estado de México– y Sara Ivette Rosas –militante de Morena–.
Una parte de ese dinero se transfirió a las cuentas del Grupo Acción Política (GAP) que, en esa época, no estaba registrado ante el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora el INE) como asociación política, así como para pagar proveedores de propaganda contratados por Morena –en escasos casos comprobable– así como para fondos a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido. Eso está prohibido. No importó si eran o no donativos.
El Tribunal ratificó una multa por 4 millones 529 mil 225 pesos correspondientes al 25 por ciento de sus recursos mensuales que les corresponden por ley. La ilegalidad está probada.
En el expediente SUP-RAP-403/2021 consta que la maestra Delfina no fue la única responsable. El Tribunal encontró que otras cinco personas podrían ser sancionadas. Entre ellas, destaca una por su peso en el Gobierno y, sobre todo, por su cercanía con el Palacio Nacional: Horacio Duarte, director de aduanas.
Él, como secretario del ayuntamiento de Texcoco bajo la administración de Delfina Gómez, firmó al menos 21 de los cheques que salieron de las cuentas oficiales hacia Morena. El TEPJF no tiene las herramientas legales para imponerle sanciones; sin embargo, envió sus hallazgos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Órgano Superior de Fiscalización de la misma entidad.
Otro de los involucrados fue Higinio Martínez Miranda, actual senador por Morena. Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF calificaron como “un hecho público y notorio” que él era el dirigente de CAP, la asociación política sin registro que recibió el dinero saliente de las cuentas del municipio mexiquense.
La multa por más de 4 millones de pesos podría parecer poco, pero, a juzgar por la sentencia, era el tope que marca la normatividad electoral. En todo caso, habría que replantear las leyes. Lo importante es el hecho. Ahora, el tema salió del ámbito electoral y se instaló en el área de las responsabilidades políticas. ¿Qué harán con ese expediente en la Fiscalía para Delitos Electorales? ¿Qué harán en el estado de México? Habrá que esperar. El silencio cómplice de Morena debería ser algo más que inquietante para sus millones de seguidores y militantes. Si, en verdad, desean mostrarse como una opción distinta, tendrán que, por lo menos, asumir su responsabilidad y sancionar a la maestra Delfina y a sus cómplices.
