Editorial: Legalidad y política

Ayer, en Querétaro, ocurrió un suceso del que no se tiene precedente contemporáneo: al iniciar la nueva Legislatura, se declaró un receso sin que se lograra instalar la mesa directiva, el máximo órgano del Poder Legislativo.

El diputado decano Antonio Zapata, quien preside la transición entre la Legislatura entrante y la saliente, decretó un receso aludiendo a que es legal y apegado a la ley orgánica; morenistas señalaban que era una “chicanada” por no lograr los consensos necesarios para que el PAN obtenga la mesa directiva. Muchas preguntas surgen de este hecho inédito; la primera: ¿No hubo negociaciones entre las fuerzas políticas para lograr una mesa directiva? Si las hubo, ¿quién no respetó los acuerdos?

La otra duda que surge es el papel de la Junta de Coordinación Política, el órgano que regula la vida interna y que, tras las reformas a la ley orgánica, le pertenecerá a la fuerza política más votada (no el que tenga más diputados), en este caso el PAN. ¿Se establecieron acuerdos en este órgano al estar representadas todas las fueras parlamentarias o simplemente no hubo ningún tipo de diálogo? Lo cierto es que una de los tres poderes de los que se compone el estado de Querétaro no tiene representación formal. Sería equivalente a no tener gobernador, o bien no tener titular del Poder Judicial, que (dicho sea de paso) ayer eligió a su presidente en Braulio Guerra Urbiola.