A diferencia del Gobierno anterior, el actual carece de recursos para atender pendientes, apoyos sociales, obra, servicios, compromisos, proyectos y, además, el déficit. Se desecaron fondos y fideicomisos, se desmontaron estructuras sin asegurar nuevas y, ahora, el presupuesto proyectado exige enorme esmero y disciplina en el ejercicio del gasto. Por si algo faltara, la terquedad de sacar a como dé lugar la mal diseñada reforma judicial y cargar contra los órganos mencionados genera desconfianza en la inversión, justo cuando se requiere de ella y se precisa de la asociación del sector público y privado para impulsar el crecimiento y posibilitar el desarrollo, pero motivar a la inversión económica y tranquilizar a las calificadoras sin ofrecer certeza jurídica es lo que sigue de difícil. ¿Cuál es la decisión?