La clasificación de los cárteles criminales como grupos terroristas abría la posibilidad a Estados Unidos de actuar extraterritorialmente y, cierto, el gobierno mexicano reaccionó bien y rápido, al decidir ir contra capos y sub-capos del crimen. Sin embargo, a la política anticriminal se le puso por límite no ir contra los socios políticos de la delincuencia organizada y ese fue un gravísimo error. Con tal de no abrir el frente interno, se abrió el frente externo.
La disonancia entre la política anticriminal y la política anticorrupción era evidente y no pasó desapercibida al socio y vecino del norte. Menos aún, cuando a allá se enviaron sin apego a la normatividad que, ahora, se exige cumplir con todo rigor, a criminales de talla que, en aras de atemperar la pena que se les venía encima, aportaron información sensible sobre el borramiento de la frontera entre política y delito. Tan no pasó desapercibida esa incongruencia que, de forma reiterada, avisaron que luego de los criminales seguirían los políticos. Más claro ni el agua.
Era cuestión de tiempo esperar la segunda fase de la ofensiva que, ahora, pega en la línea de flotación del gobierno y el movimiento.
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No sin razón, algunos morenistas denuncian la nueva ofensiva estadunidense como una injerencia, cuyo verdadero motivo deriva del fracaso de la gestión de Donald Trump dentro y fuera de los Estados Unidos, con el consecuente apuro electoral en que se verá en noviembre.
Es cierta y fundada esa denuncia, pero no basta acusarla para conjurar el peligro que entraña, sobre todo, cuando era obvio y evidente que México aparecía en la mira del megalómano. Por eso, no cabe el asombro. Si la nueva fase de la ofensiva contra México tenía y tiene aquel punto de partida, tampoco puede ignorarse que, igual acá, se priorizó la idea de asegurar el triunfo electoral de Morena el año entrante, en vez de la de consolidar el gobierno. En los juegos de poder, la sensatez no siempre tiene espacio.
Los ajustes y cambios hechos en y entre el gobierno y el partido ponen de manifiesto, donde se quería poner el acento.
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Cualquier decisión que tome la mandataria apunta a provocar una crisis política de considerable envergadura dentro de su partido y, quizá, una oportunidad a la oposición que no ata ni desata, y nomás grita.
Si, finalmente, se acepta detener y extraditar al gobernador de Sinaloa y la orquesta que lo acompaña, será un problema. Si se decide proceder en su contra y enjuiciarlo aquí para no enviarlo, será un problema. Si se decide darle largas al asunto, cualquier día el país se podría llevar una sorpresa mayúscula, sin margen de maniobra.
Asimismo, si tan pronto como el domingo, la nueva dirigente de Morena aborda o no el asunto será un lío, sobre todo, considerando que el gobernador Rocha Moya y el senador Enrique Isunza ya se parapetaron, tomando a la autollamada cuarta transformación e, incluso, al expresidente López Obrador como escudo, casi diciendo si me voy, nos vamos. Y, desde luego, no cabe pensar que por sí esos personajes de un paso al costado para no impactar al gobierno y al movimiento. Si no lo han hecho antes, menos lo harán ahora, cuando la cárcel aparece en su horizonte.
Pese a lo anterior, lo peor que el gobierno y el partido podrían hacer sería darle largas al asunto. La disyuntiva no es sencilla, porque en el fondo se trata de decidir con quién se quiere tener un serio problema. Y, en esa disyuntiva, serán clave los morenistas que, en verdad, creen en el proyecto que impulsan, sin hacer de éste un dogma inamovible o un espacio de veneración para quien fuera su líder. Los morenistas que advierten el peligro de convertirse en una agencia de colocación o en refugio de conversos o malandrines.
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El tiempo apremia en todo esto y, ante la disyuntiva, será importante tomar decisiones antes que la situación empeore.
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