Se acerca el día 2 de abril, el nuevo plazo impuesto por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump para valorar, por tercera vez, la imposición o no de aranceles a los productos mexicanos, independientemente que el T-MEC, aún vigente, especifique la no aplicación de aranceles en un buen catálogo de productos siempre que cumplan las reglas de origen.

Se trata de una estrategia tan confusa que no está claro siquiera para los propios norteamericanos, si el objetivo es replantear la relación comercial y la reubicación de las plantas de producción o disminuir el paso de droga, particularmente fentanilo, del territorio mexicano al estadounidense. A pesar de que el presidente norteamericano habla de reducir el déficit comercial con México, también plantea una imposición de aranceles sujeta a que México vigile mejor la frontera y actué firmemente contra el crimen organizado, líneas discursivas sin relación que generan incertidumbre y nos regresa, la segunda, a las épocas de la certificación que se aplicaba a mediados de los ochentas.

Desde 1986, Estados Unidos ha utilizado un sistema de certificación para evaluar la cooperación de otras naciones en el combate contra el narcotráfico, en la que ser descertificado implicaba la imposición de sanciones económicas al país que se consideraba no estaba cooperando en esa lucha. Se trataba de una valoración y decisión unilateral que buscaba influir en las acciones internas en materia de seguridad y combate al narcotráfico de los países evaluados, sin que mediara reflexión alguna del gobierno estadounidense con respecto al consumo por sus habitantes. Está claro que dicho sistema ya violentaba abiertamente la soberanía interna de los países calificados, pero era digamos aceptado por calificador y calificados.

Posteriormente en 2007, la Iniciativa Mérida se estableció como un esquema de ayuda financiera de Estados Unidos a México y otros países de Centro América, cuya meta era combatir el tráfico de drogas, lavado de dinero y el crimen organizado transnacional, repartiendo durante su vigencia 1.6 billones de dólares de apoyo, pero dicho programa fue dada por “muerto” por el gobierno mexicano en 2021, quedando sustituida por el Marco Bicentenario de Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.

Con el regreso de Trump, la certificación también ha vuelto, esta vez sin reglas, sin criterios establecidos, midiendo, a “ojo de buen cubero”, si nuestro país está haciendo los suficiente o no para combatir al crimen organizado. Esta vez no hay un reporte como tal, con mediciones objetivas, se trata de las opiniones personales y sin un sustento por parte del presidente Trump, las que determinan si México está haciendo o dejando de hacer su parte en el combate a la delincuencia organizada y eso es lo que detona la decisión de su gobierno de imponer aranceles, lo que hasta hoy ha sido más un amenaza permanente que una realidad.

Es cierto que, de prorrogarse otra vez la imposición de aranceles, la amenaza de Trump y el mismo, irán perdiendo credibilidad en este particular, pero esto no quita la posibilidad real de que vuelva a establecer una nueva fecha para tomar la decisión, lo que convertiría esto en una suerte de certificación mensual, en lugar de la anual de los ochentas, generando una incertidumbre que afecta a las inversiones directas en nuestro país. El siguiente episodio lo conoceremos en una semana.

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