California suele verse desde fuera como un bastión inexpugnable del Partido Demócrata. Y, sin embargo, hoy existe un escenario perfectamente posible —aunque todavía improbable— en el que ningún demócrata aparezca en la boleta de noviembre para elegir gobernador. La paradoja no nace de un giro ideológico masivo del electorado, sino del propio diseño electoral californiano.

Desde 2010, California utiliza un sistema conocido como “top-two primary” o primaria abierta de los dos primeros lugares. Todos los candidatos, sin importar su partido, compiten juntos en la misma boleta durante la elección primaria. Después, únicamente los dos aspirantes más votados avanzan a la elección general de noviembre. No importa si ambos pertenecen al mismo partido.

En teoría, el modelo fue concebido para moderar la polarización y permitir que candidatos más centristas sobrevivieran a las primarias. También buscaba debilitar el control de las maquinarias partidistas tradicionales. Pero en la práctica ha generado un efecto secundario explosivo: cuando un partido dominante presenta demasiados aspirantes competitivos, puede dividir su voto hasta el punto de quedarse fuera de la elección final.

Eso es precisamente lo que preocupa hoy a los demócratas californianos.

La contienda para suceder a Gavin Newsom llega extraordinariamente fragmentada. Diversos aspirantes demócratas —con perfiles fuertes y bases regionales distintas— se han repartido el voto liberal mientras los republicanos concentran apoyo en apenas dos figuras principales. Diversos análisis y encuestas recientes muestran que, si el voto demócrata se pulveriza entre múltiples candidaturas, dos republicanos podrían terminar ocupando los primeros lugares de la primaria de junio y avanzar solos a noviembre.

El escenario parece contraintuitivo porque California vota consistentemente por los demócratas en elecciones presidenciales y federales. Donald Trump perdió el estado por márgenes enormes. Los republicanos no ganan la gubernatura desde Arnold Schwarzenegger. Pero el sistema electoral no premia necesariamente a la mayoría ideológica; premia la concentración eficiente del voto.

Imaginemos un ejemplo simple: seis demócratas obtienen entre 10% y 15% cada uno, mientras dos republicanos consiguen 18% y 20%. Aunque la suma total demócrata sea muy superior, los dos republicanos avanzarían a la elección general. El resultado sería un noviembre sin opción demócrata en el estado más emblemáticamente azul del país.

La preocupación ha escalado tanto que dirigentes demócratas han comenzado a pedir públicamente que algunos candidatos abandonen la contienda para evitar un “suicidio electoral”.

Paradójicamente, el sistema también obliga a los republicanos a una especie de danza estratégica. Necesitan dividir el voto conservador lo suficiente para que dos republicanos entren al top dos, pero no tanto como para que uno de ellos se desplome demasiado.

El debate ha reabierto críticas profundas al modelo californiano. Algunos analistas proponen regresar a primarias partidistas tradicionales; otros impulsan sistemas con voto preferencial o ranked-choice voting, similares a Alaska, donde varios candidatos avanzan y los votantes clasifican preferencias para evitar distorsiones derivadas de la fragmentación.

Pero el verdadero fondo político va mucho más allá de una discusión técnica sobre reglas electorales.

Si California terminara gobernada por un republicano alineado con Donald Trump, el impacto simbólico y político sería enorme. California ha funcionado durante años como el principal contrapeso estatal frente a políticas federales republicanas en materia migratoria, ambiental, derechos civiles y regulación tecnológica. El estado ha encabezado litigios contra Washington en temas de deportaciones, asilo, medio ambiente y protección de inmigrantes. Gran parte de esa estrategia ha dependido no solo del gobernador, sino también del fiscal general del estado.

Y aquí aparece un punto fundamental: en California el Attorney General —el fiscal estatal— también es electo popularmente y su elección coincide con la de gobernador en 2026.

Eso significa que incluso si un republicano ganara la gubernatura, el nivel de resistencia institucional dependería mucho de quién controle la Fiscalía estatal. Durante las administraciones Trump, fiscales generales demócratas de California encabezaron decenas de demandas contra políticas federales relacionadas con inmigración, cambio climático y derechos civiles. El actual fiscal Rob Bonta ha continuado esa estrategia y busca reelegirse este año.

Por ello, para las comunidades migrantes no solo importa quién ocupe la oficina del gobernador en Sacramento. También importa quién controle la Fiscalía, quién dirija la Secretaría de Estado, qué composición tenga la Legislatura local y qué postura adopten los sheriffs y fiscales de condados clave. En Estados Unidos, especialmente en California, el poder está mucho más fragmentado de lo que suele percibirse desde fuera.

Aun así, la posibilidad de un gobernador republicano trumpista tendría efectos reales. Podría modificar prioridades presupuestales, limitar cooperación estatal con políticas santuario, influir en nombramientos administrativos, endurecer discursos públicos sobre migración y reducir la disposición del estado a confrontar jurídicamente a Washington. Aunque California seguiría teniendo fuertes contrapesos institucionales y una población mayoritariamente progresista, la narrativa política cambiaría de forma inmediata.

En el fondo, la elección californiana de 2026 está revelando una ironía democrática fascinante: un sistema creado para ampliar opciones podría terminar eliminando de la boleta al partido mayoritario del estado. Y eso demuestra que, en política, las reglas importan tanto como las ideologías.

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