El primer partido en decir basta: Arturo Maximiliano

Arturo Maximiliano García

En la política mexicana, los males como el nepotismo, el uso de recursos públicos para fines personales, la reelección encubierta, el influyentismo y las disputas internas disfrazadas de democracia, han sido tolerados, normalizados y hasta premiados por décadas. No se trata de excesos recientes: el nepotismo, por ejemplo, ha sido una práctica común en cientos de municipios del país, donde el poder ha pasado de padres a hijos, de esposos a esposas, como si el voto popular fuera una herencia familiar.

Durante años, los funcionarios públicos se han beneficiado de los bienes del Estado como si fueran extensiones de su patrimonio personal. El uso de helicópteros, aviones, camionetas blindadas, guardaespaldas y otros símbolos de poder no ha estado motivado por razones de seguridad ni eficiencia, sino por comodidad, ostentación y abuso. Ahí está, por ejemplo, el caso emblemático durante el sexenio de Peña Nieto, cuando el entonces director de CONAGUA, David Korenfeld, fue captado usando un helicóptero oficial para llevar a su familia al aeropuerto. Una muestra clara del uso patrimonialista de los recursos públicos.

Lo mismo ocurrió con la reelección de presidentes municipales, una figura que fue introducida con buenas intenciones: permitir que los proyectos y políticas públicas de los alcaldes tuvieran continuidad y visión de largo plazo. Pero en la práctica, esa continuidad se convirtió en oportunidad para afianzarse en el poder a toda costa, desnaturalizando la figura. En lugar de gobiernos locales con planeación a seis años, vimos campañas adelantadas, plantillas de trabajadores utilizadas como operadores electorales y recursos públicos desviados para fines partidistas. Los municipios se convirtieron en oficinas de campaña permanentes.

Por eso, lo aprobado por Morena marca un punto de inflexión. Se trata de una serie de lineamientos para el comportamiento ético que deben seguir sus representantes, servidores públicos, militantes y protagonistas del llamado «cambio verdadero». Y lo ha hecho no con fines retóricos ni para ganar simpatías mediáticas, sino como parte de un ejercicio interno de autorregulación que marca una diferencia sustancial con el resto del sistema partidista.

Los nuevos lineamientos prohíben con toda claridad la postulación de familiares directos de funcionarios en funciones, cierran la puerta a candidaturas por alianzas que sirvan para eludir esta regla, sancionan actos de ostentación y uso excesivo del poder, y colocan la ética y la rendición de cuentas como pilares de la acción política.

¿Puede haber resistencias internas? Desde luego. ¿Habrá quien intente burlar estas reglas? También. Pero el simple hecho de que un partido reconozca que estos problemas existen, que son parte de su historia reciente —y no solo de “los otros”—, y que se comprometa a erradicarlos desde dentro, ya constituye un precedente valioso para la democracia.

Morena pone así sobre la mesa una invitación abierta a los demás partidos para que hagan lo mismo. No como reacción coyuntural ni como promesa de campaña, sino como una política formal, con mecanismos de vigilancia y consecuencias. Porque si la transformación es verdadera, debe empezar en casa.

Se acabó el tiempo de mirar hacia otro lado. Hoy, la transparencia, la congruencia y la ética pública deben ser más que valores abstractos: deben traducirse en normas y conductas. Morena ha dado el primer paso. Ahora falta ver quién se atreve a seguirlo.