El alto costo de una muralla fiscal y migratoria: Arturo Maximiliano García

Arturo Maximiliano García Pérez

@ArturoMaxGP

La reciente aprobación del «One Big Beautiful Bill» (OBBB) en el Senado de los Estados Unidos, gracias al voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance, representa no solo un parteaguas en la política migratoria estadounidense, sino también un reflejo de la fractura ideológica que vive el Partido Republicano. Con una agenda claramente enfocada en el endurecimiento de la frontera sur y el debilitamiento de las garantías para migrantes, el OBBB plantea implicaciones económicas, sociales y diplomáticas de gran calado, particularmente para México y su comunidad en Estados Unidos.

El proyecto de ley asigna más de 163 mil millones de dólares para reforzar el muro fronterizo, ampliar centros de detención y dotar de recursos extraordinarios a ICE y otras agencias migratorias. Esto incluye 46.5 mil millones para concluir el muro, 45 mil millones para expandir la infraestructura de detención y 30 mil millones para operativos de detención y deportación. Se trata de una arquitectura institucional del rechazo: un sistema con capacidad para detener a 100 mil personas simultáneamente, con una fuerza operativa triplicada y el respaldo de entidades estatales y tecnológicas al servicio del cierre fronterizo. En términos comparativos, Estados Unidos gastará el equivalente a 32 por ciento o una tercera parte de nuestro presupuesto total de egresos de la Federación para 2025, así de fuerte.

Pero quizá el punto más preocupante para millones de familias mexicanas es la introducción de un nuevo impuesto del 1% a las remesas pagadas en efectivo. Si bien el proyecto justifica esta medida como un mecanismo de «financiamiento compartido», en los hechos constituye una carga fiscal regresiva que afecta directamente a los trabajadores más vulnerables: aquellos que carecen de acceso bancario, en su mayoría migrantes sin documentos o con estatus irregular.

Según datos duros que nos sirven de referencia, de los 65 mil millones de dólares enviados a México en 2024, aproximadamente el 65% se realizó en efectivo. De acuerco a mis cálculos, aplicando el nuevo impuesto, el golpe podría ascender a 422.5 millones de dólares anuales, extraídos directamente del ingreso de los migrantes y de la economía mexicana, donde estos recursos representan una de las principales fuentes de divisas.

Este tipo de medidas tienen un efecto contraproducente. Lejos de disuadir la migración, incrementan la vulnerabilidad y reducen el circulante en comunidades que dependen de ese dinero para sobrevivir. A la vez, afecta la economía estadounidense: menos consumo por parte de migrantes, menor demanda en sectores como restaurantes, minoristas y servicios, y mayor tensión laboral en sectores como el agroalimentario, altamente dependiente de mano de obra migrante.

Finalmente, resulta paradójico que se apruebe esta ley en medio de un contexto global donde la interdependencia económica exige cooperación y no muros. Las remesas no son delito, son fruto del trabajo. Gravar ese esfuerzo con fines de control fronterizo representa un mensaje ético y político profundamente equivocado. Todos estos migrantes a quienes hoy se les cobrará dinero por envíar recursos a sus familias ya han pagado impuestos al consumir todos los días en los comercios de diferentes ciudades de Estados Unidos, principalmente en el sur del país.

Es urgente que México, sus representaciones diplomáticas y sus liderazgos sociales y legislativos respondamos con firmeza, siendo la Presidenta de la República un referente de como actuar con inteligencia y estrategia, con cabeza fría pero sin cruzarse de brazos. No se trata solo de defender una fuente de ingreso, sino de afirmar el valor y la dignidad del trabajo migrante frente a una legislación que busca convertir la frontera en trinchera, y la remesa en botín fiscal.