En los últimos años, Querétaro ha sido ejemplo de crecimiento económico, atracción de inversión y dinamismo inmobiliario. Sin embargo, estos procesos también traen consigo tensiones profundas en el uso del suelo, el acceso a la vivienda y el futuro del espacio urbano. Uno de los fenómenos más visibles —pero aún poco discutidos en la agenda pública local— es la gentrificación.
La gentrificación se define como el proceso mediante el cual un barrio popular o de clase trabajadora es transformado por la llegada de personas con mayores ingresos. Esto genera un incremento en los precios de vivienda, la expulsión gradual de habitantes originales y una transformación cultural del entorno. Lo que comienza como rehabilitación del espacio, pronto se convierte en desplazamiento. Se pierde la identidad barrial, y con ella, el derecho de quienes la han construido durante generaciones a seguir habitando la ciudad.
En Querétaro, zonas como La Cruz, San Francisquito, Carretas, Alamos, Hércules y el Centro Histórico, entra otras, han comenzado a mostrar señales claras de gentrificación. Investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro y organizaciones urbanas independientes han documentado la llegada creciente de desarrollos inmobiliarios, la conversión de viviendas tradicionales en hoteles boutique o espacios para Airbnb, y el encarecimiento sostenido de los precios por metro cuadrado. Lo que antes eran barrios vivos y diversos, ahora enfrentan presiones económicas que amenazan con desintegrarlos.
La Sociedad Hipotecaria Federal ha reportado que Querétaro se ubica entre las entidades con mayores aumentos en el valor de la vivienda, con precios promedio superiores a los 2.3 millones de pesos y crecimientos anuales por encima del 6 %. No es casualidad. En una ciudad cada vez más atractiva para el turismo, la migración interna y la relocalización de profesionistas y extranjeros, la presión sobre la vivienda ha dejado de ser un tema privado para convertirse en un problema colectivo.
Este fenómeno no es exclusivo de Querétaro. La Ciudad de México, por ejemplo, ha enfrentado la gentrificación desde hace más de dos décadas, con epicentros como la Roma, Condesa o el Centro Histórico. En respuesta, el actual gobierno de la capital ha lanzado una batería de medidas: topes a rentas, regulación de plataformas como Airbnb, promoción de vivienda asequible y la reciente publicación del Bando 1 para una Ciudad Habitable, que reconoce el derecho a permanecer en la ciudad.
Oaxaca y Mérida también han comenzado a enfrentar este reto. En ambas ciudades, el aumento del turismo internacional y el crecimiento de la renta temporal han alterado por completo los centros históricos, desplazando a comunidades originarias e incentivando la especulación del suelo. Algunas legislaciones estatales y municipales han comenzado a reaccionar, pero la regulación llega con retraso frente al mercado.
Querétaro aún tiene margen para actuar. La gentrificación no es inevitable, ni necesariamente negativa, si se acompaña de políticas públicas que protejan el derecho a la vivienda, regulen el mercado inmobiliario y garanticen la permanencia de los sectores populares y de clase media en el tejido urbano.
Urge iniciar un debate serio sobre medidas como:
Regulación del uso habitacional para evitar la sustitución masiva por usos turísticos;
Transparencia y control en los proyectos de regeneración urbana y su impacto social;
Incentivos fiscales para la vivienda asequible en zonas centrales;
Protección legal para inquilinos frente a desalojos arbitrarios;
Y, sobre todo, la inclusión del concepto de “derecho a la ciudad” como eje rector del desarrollo urbano.
Porque el verdadero progreso no consiste solo en atraer inversión o remodelar fachadas coloniales, sino en construir una ciudad donde todas y todos podamos seguir viviendo con dignidad.