En México, pocos temas unen tanto a la ciudadanía como la indignación ante un bache. No importa el tamaño de la ciudad ni la filiación política del gobernante: todos hemos sufrido las consecuencias de una calle llena de hoyos, un neumático reventado o un gasto inesperado por la falta de mantenimiento vial. Pero más allá del enojo cotidiano, los baches son el reflejo de un problema estructural: la desatención gubernamental, la mala calidad de las obras públicas y, en muchos casos, la corrupción.
¿De quién es la obligación de tapar los baches? La Constitución mexicana es clara: el artículo 115 asigna a los ayuntamientos la responsabilidad de mantener las calles y avenidas locales. El mantenimiento de la vía pública es un servicio público básico, al mismo nivel que el alumbrado, la recolección de basura o el drenaje. Cuando se trata de carreteras estatales, la responsabilidad corresponde al Gobierno del estado; y si la vía pertenece a la red federal (por ejemplo, la carretera 57 o las autopistas de cuota), la obligación es de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En todos los casos, la ley contempla una consecuencia si la autoridad “sabe o debió saber” del desperfecto y no lo repara: puede haber responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, el ciudadano afectado tiene derecho a ser indemnizado por los daños sufridos, como la rotura de una suspensión o un accidente provocado por un bache no atendido.
En 2024, la SICT lanzó el programa Bachetón, con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, para atender carreteras federales dañadas tras las lluvias y el deterioro natural. Aunque el programa generó titulares y algunas reparaciones visibles, su alcance sigue siendo limitado: solo cubre vías federales, que representan una fracción del total. La gran mayoría de los baches que afectan la vida cotidiana están en calles municipales, donde los recursos son escasos y la planeación urbana suele ser improvisada.
¿Por qué se forman los baches? Un bache no aparece por casualidad. Se origina cuando el agua se filtra en el pavimento a través de grietas; la presión del tránsito pesado y los cambios de temperatura rompen la capa asfáltica, generando un hueco. Pero lo técnico es solo la superficie del problema: el verdadero origen suele estar en la mala calidad de los materiales, la falta de supervisión de las obras públicas y la ausencia de mantenimiento preventivo. En México, muchos contratos de pavimentación se asignan con criterios políticos o por adjudicación directa, sin garantizar estándares mínimos de durabilidad. Así, las calles recién “rehabilitadas” duran menos de una temporada de lluvias.
Corrupción e ineficiencia son, por otro lado, los baches que no se ven. Cada bache es también una metáfora. Representa la fractura entre la autoridad y el ciudadano. En el mejor de los casos, los municipios reaccionan con campañas de bacheo exprés que solo rellenan con mezcla fría (más barata pero efímera), sin atender la estructura subyacente del pavimento. En el peor d elos casos, se simulan reparaciones que a las semanas vuelven a abrirse.
Organismos de fiscalización locales han documentado que hasta 30 por ciento de los contratos de mantenimiento urbano carecen de evidencia de cumplimiento real. Cuando la reparación se convierte en negocio recurrente, el bache deja de ser un problema técnico para transformarse en una fuente de gasto perpetuo.
Más allá del parche se tiene que avanzar hacia un nuevo modelo de mantenimiento urbano. Resolver el problema no implica inventar nada nuevo. México ya cuenta con normas técnicas del Instituto Mexicano del Transporte para conservación de pavimentos, y con estudios sobre gestión de infraestructura vial. Lo que falta es planeación, continuidad y transparencia.
Un programa nacional de mantenimiento urbano (con indicadores verificables y auditorías ciudadanas) sería mucho más barato que reconstruir calles cada tres años. La información pública sobre contratistas y materiales debería ser obligatoria.
El bache es, en última instancia, un símbolo de cómo se deteriora la confianza pública: cada hoyo en el pavimento es una grieta en la credibilidad institucional. Mientras sigamos normalizando la improvisación y el bacheo electoral, seguiremos esquivando los huecos del camino (literal y figuradamente). La infraestructura no se mantiene sola; y las ciudades que no cuidan su piso, acaban tropezando con su propio abandono.