Las inundaciones no son solo fenómenos naturales imprevisibles: son, en gran medida, el resultado de decisiones humanas. En cada ciudad mexicana donde el agua se desborda, hay un común denominador: se permitió construir donde el agua debía escurrir, infiltrarse o descansar. La tragedia no empieza con la lluvia, sino con la autorización del uso de suelo.

México cuenta con casi 2 mil 500 municipios y, sin embargo, la mayoría sigue otorgando autorizaciones de desarrollo y licencias de construcción sin revisar su Atlas de Riesgos, sin respetar los cauces naturales del agua ni exigir porcentajes mínimos de áreas permeables. La consecuencia es un urbanismo que olvida que el suelo y el agua tienen memoria: lo que se tapa, lo que se rellena o lo que se impermeabiliza tarde o temprano se cobra con inundaciones.

La planeación urbana moderna no solo debe ordenar el crecimiento físico de las ciudades; debe integrar criterios de gestión hídrica, resiliencia climática y protección civil. Cada Plan de Desarrollo Urbano, Programa de Ordenamiento Territorial o Carta Urbana debería funcionar como un escudo preventivo frente a los desastres.

Estos instrumentos (si se aplican) permiten identificar zonas bajas, cauces naturales y áreas de absorción que deben protegerse. Son el equivalente técnico de una alerta temprana, pero con carácter legal. El problema es que, muchas veces, estos documentos se elaboran solo para cumplir con el expediente administrativo y no para orientar decisiones de fondo.

El atlas de riesgos municipal, que debería ser obligatorio y vinculante, se ha convertido en muchos lugares en un documento decorativo y, por lo tanto, ignorado como sustento para las decisiones de desarrollo. Sus mapas, basados en modelos hidrológicos, identifican las zonas donde la lluvia se concentrará o el agua se desbordará en caso de tormentas intensas. Sin embargo, con frecuencia se autoriza el desarrollo de fraccionamientos, bodegas o centros comerciales justamente sobre esos polígonos rojos.El resultado: comunidades enteras viviendo en lo que la ciencia ya había señalado como zonas de alto riesgo.

La urbanización descontrolada y la falta de infraestructura verde (como parques inundables, jardines de lluvia o pavimentos permeables) han eliminado la capacidad natural del suelo para infiltrar el agua. Cada metro cuadrado de concreto que sustituye un área verde convierte la lluvia en escurrimiento superficial. El agua que antes se infiltraba, ahora corre, choca, rebasa los drenajes y termina destruyendo viviendas, calles y patrimonio público.

El otorgamiento de usos de suelo y licencias de construcción en zonas de riesgo no es un error técnico, es una decisión política y administrativa con consecuencias jurídicas. Cuando una autoridad municipal autoriza edificar sobre una zona inundable pese a los dictámenes de riesgo, incurre en posible responsabilidad patrimonial del estado y compromete la seguridad de sus habitantes.
Por ello, los cabildos y los Institutos de Planeación Municipal, Metropolitanos y/o Estatales, donde los haya, deben incorporar en sus decisiones los Atlas de Riesgos, los Planes de Ordenamiento Ecológico y los dictámenes de Protección Civil y de la Conagua.

No hacerlo es legislar y gobernar a ciegas.

Las lluvias atípicas y los fenómenos hidrometeorológicos extremos serán cada vez más frecuentes con el cambio climático. La respuesta no puede seguir siendo solo limpiar drenajes o construir muros de contención después del desastre.
Debe ser una planeación preventiva, que combine infraestructura hidráulica con soluciones basadas en la naturaleza: reforestación, corredores verdes, parques de retención y sistemas de captación pluvial.

En México, tanto la Federación como los gobiernos estatales y sus municipios necesitan estar conscientes de que el verdadero antídoto contra las inundaciones no está en las bombas ni en los costales de arena, sino en la planeación urbana inteligente. Proteger los cauces, respetar las zonas de absorción y aplicar la información que ya generan los Atlas de Riesgo no es burocracia: es salvar vidas y patrimonio. Así también, de nada sirve tener planes si se ignoran o no se actualizan con la frecuencia requerida.

En el siglo XXI, la ciudad que no planifica con el agua, se planifica contra ella.

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