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12 de enero 2026

Martín Arango

México no puede continuar así. Ningún país puede aspirar a la paz cuando su gobierno prefiere mirar hacia otro lado frente al crimen organizado. Ninguna sociedad puede sentirse segura cuando quienes deberían combatir a los cárteles los toleran, los justifican o, peor aún, gobiernan con ellos. Y ningún mexicano ni mexicana merece vivir bajo un narcogobierno.

Desde 2018 el poder federal ha intentado normalizar lo inaceptable: abrazos en lugar de autoridad, discursos en lugar de resultados, propaganda en lugar de justicia. Hoy pagamos las consecuencias. La violencia no se ha erradicado, solo se ha administrado; el crimen no se ha combatido, se ha empoderado; a los criminales se les ha abrazado, y la impunidad se ha convertido en política de Estado. México necesita con urgencia un gobierno que enfrente a los cárteles, no que los solape.

Porfirio Muñoz Ledo advirtió desde 2022 que el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretendía heredar no sólo el poder político, sino también sus lealtades y asociaciones con los delincuentes. No fue una exageración ni una provocación: fue una advertencia que hoy se confirma con hechos.

A más de un año del cambio de gobierno, Adán Augusto López, el hombre que opera el crecimiento de Morena y del narco al mismo tiempo, sigue siendo solapado por el actual gobierno morenista para que continúe actuando con absoluta impunidad. La nueva es que ahora “engordó su cochinito” en 11 mil por ciento: la partida de transferencias y “apoyos” que controla de manera discrecional y unilateral desde la Junta de Coordinación Política del Senado pasó de 8 millones de pesos a casi 900 millones en 2025.

Es el mismo que nombró como secretario de seguridad al líder del grupo criminal La Barredora. Es el mismo que avaló desde su notaría la creación de empresas ligadas a ese líder criminal, Bermúdez Requena. Es el mismo que fue llamado “hermano” por el propio López Obrador. Es el mismo que acumula 37 denuncias ante la FGR por corrupción. Y aun así, ahí sigue, protegido, intocable.

Esa herencia de lealtades no solo persiste: se fortalece. Mientras Morena crece, también lo hace el poder de los grupos delictivos. Si eso no es un narcogobierno, entonces ¿qué es?

Apenas iniciaba el año cuando se reveló que quien fuera abogada del “Mayito” hoy se desempeña como jueza. Y aunque el gobierno presume una supuesta baja histórica en homicidios, la cifra de personas desaparecidas crece sin control. Esta semana cerramos con la promesa de que pronto se aclarará qué está ocurriendo, pues “ya casi” concluyen un nuevo registro de personas no localizadas. La pregunta es inevitable: ¿están maquillando cifras o realmente buscan esclarecer dónde están miles de mexicanas y mexicanos desaparecidos?

¿De verdad alguien puede creer que este es un gobierno comprometido con combatir a la delincuencia cuando tiene en primera fila a personajes de ese tipo? ¿Cuando impulsó una reforma judicial que abre la puerta a los aliados del crimen organizado? México no merece esto. No merecemos que el Cártel de Morena siga al frente del país.

Desde Querétaro lo decimos con claridad: cuidar a México implica exigir un gobierno que rompa de una vez por todas con los cárteles, que recupere la autoridad del Estado y que se ponga del lado de la ley, no del crimen. Porque gobernar con delincuentes no es gobernar: es traicionar al país.

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