Lo ocurrido en Tequila, Jalisco, no es un hecho aislado, es la radiografía de un modo de gobernar. Un presidente municipal señalado por extorsión, por presuntos vínculos con el crimen organizado y por vivir una vida de lujos que no corresponde con el servicio público. Cuando el poder municipal se convierte en herramienta de intimidación y cobro de piso, ya no hablamos de política, hablamos de crimen infiltrado en el gobierno.
El caso de Tequila revela cómo opera el cártel de Morena desde las entrañas de los municipios. No llegan a gobernar para servir, llegan a controlar territorios, usan reglamentos, policías, permisos y clausuras como armas para someter a empresarios, comerciantes y ciudadanos. Ahí la extorsión se disfraza de trámite; el abuso de poder se normaliza; el miedo se vuelve parte de la administración pública. Así funcionan los narcogobiernos, no con resultados, sino con amenazas.
Y no es un fenómeno local de Tequila, Jalisco, ni siquiera necesitamos revisar el mapa para ver que los patrones se repiten con estados capturados, municipios convertidos en feudos y gobernantes que voltean a otro lado mientras el crimen avanza. Tabasco es otro ejemplo doloroso donde el narcogobierno dejó que la violencia se desbordada y las instituciones fueran rebasadas, solo que ahí no hubo quien diera la cara, Adán Augusto López podrá haber cambiado de cargo, pero no puede barrer bajo la alfombra lo que dejó atrás, México, la ciudadanía, sí tenemos memoria.
Morena insiste en pedir un “debido proceso” cada vez que uno de los suyos cae, pero nunca explica cómo llegaron ahí, quién los protegió ni por qué prosperaron políticamente pese a los señalamientos. El problema no es solo un alcalde detenido; el problema es una estructura que tolera, encubre y normaliza la colusión con el crimen, y cuando el silencio es la respuesta oficial, la complicidad se vuelve evidente.
El hilo se cortó del lado más delgado, falta ver si lo van a desherbar todo o se apretará más para seguir encubriendo a los más altos delincuentes de este país, empezando por Adán Augusto; Diego Rivera apenas era un peón de una estructura criminal que teje este país desde el 2018.
En Querétaro no podemos permitir que ese modelo se replique, por eso Cuidar Querétaro implica decir las cosas como son y actuar a tiempo, defender instituciones, legalidad y seguridad frente a un cártel que lo único que hizo fue abrir la puerta para que los delincuentes gobernaran. Aquí no hay espacio para el miedo ni para la impunidad, pues aquí en Querétaro se gobierna para las familias, no para los cárteles.