A partir del 1 de enero de 2019, el Gobierno de México estará habilitando una ‘zona libre’ comprendida a lo largo de los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos por 25 kilómetros de ancho, con la finalidad de incentivar las inversiones en dicha región.
Los principales beneficios para las empresas que transfieran operaciones a la ‘zona libre’ serían la reducción del impuesto al valor agregado (IVA), del 16 por ciento al 8 por ciento; un impuesto sobre la renta (ISR), de 30 por ciento al 20 por ciento, y precios competitivos con Estados Unidos en materia de energéticos (gasolina, por ejemplo).
Además, se prevé un aumento al salario mínimo de los trabajadores en esta zona, estimulando el empleo formal y evitando la fuga de paisanos que buscan trabajo en el vecino país del norte.
No obstante, deberán analizarse las excepciones y limitantes que establezca el Gobierno en los próximos días. Es probable que exista una fuerte fiscalización por parte del SAT para evitar la elusión y evasión fiscal; es decir, habría auditorías para comprobar que se tiene un genuino interés económico de prosperar negocios en la región fronteriza y no solo de simular operaciones para evitar el pago del tributo, lo cual será un gran reto para la administración entrante.
Asimismo, los negocios que emigren a la ‘zona libre’ deberán considerar las reglas previamente señaladas en la legislación fiscal, como las relacionadas con la contabilidad electrónica y facturación (CFDI).
En términos de recaudación, el Gobierno deberá considerar el boquete que dejará la ‘zona libre’ en las finanzas del país a corto plazo. De habilitarse, se espera que Hacienda deje de recaudar 144 mil millones de pesos por concepto de IVA, ISR y IEPS en 2019.
Al final del día, la ‘zona libre’ representa una medida sumamente atractiva para trasladar operaciones de negocios no solo por los beneficios fiscales señalados, sino por la generación de un ‘hub’ industrial que servirá como detonador de negocios con nuestro principal socio comercial.
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