El Presidente de México visitó nuestra capital en conmemoración del 102 aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. En su discurso destacó que las próximas administraciones deberán consolidar una nueva Constitución y manifestó que al existir tareas más importantes en este momento, la administración solamente impulsará ciertas reformas constitucionales.

Adelantó que las reformas constitucionales que impulsará son: que la corrupción sea considerada como delito grave y ‘sin derecho a fianza’; reforma para combatir la impunidad y que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y hechos de corrupción (erróneamente dicho ‘actos de corrupción’).

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico no se comprenden dichas reformas sin antes eliminar el fuero de los servidores públicos. En otras palabras, la Constitución podrá decir que ‘la corrupción de servidores públicos será considerada como delito grave y sin derecho a fianza’ o que ‘el presidente en funciones pueda ser encarcelado’, pero sino se elimina el fuero, la reforma constitucional será lo que siempre: letra muerta.

Hablando de letra muerta… Si el proyecto del Presidente es elevar a rango constitucional el combate a la impunidad, ¿Acaso no están ya sentadas las bases de la procuración, impartición y derecho a una justicia en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22? ¿Necesitamos otro artículo para que (ahora sí) se cumpla la Constitución? No. Necesitamos empezar a aplicar los artículos existentes.

La solución no está en modificar la Constitución para que las ‘cosas empiecen a caminar’. Ni la Constitución, ni la sociedad necesitamos más reformas. Lo que necesita este país es que se empiece a respetar lo que señala la Constitución y las leyes ya existentes.

¿Cómo eliminamos la impunidad sin reformas? Aumentando el presupuesto para una mayor y mejor procuración e impartición de justicia. Se necesitan más jueces, más juzgados, más policías, más investigadores, más fiscales, más conciliadores, más arbitraje… lo cual implica una mayor erogación de recursos. Cuestión que está en conflicto con la pobreza franciscana que profiere el Gobierno de México.

¿Letra muerta?