Carlos Olguín
El artículo 4 de la Constitución garantiza a todas las personas la salud como un derecho humano fundamental que tiene como propósito el defender la vida, ello sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, nada, por el solo hecho de estar en territorio mexicano se tienen los derechos humanos consagrados en los articulo 1 a 29 de nuestra Constitución.
Pasando al terreno de los hechos, de acuerdo con la medición que hace Coneval en personas que no tienen acceso a la salud esta es la carencia de mayor impacto en la población mexicana, pues en 2008 38.4 por ciento de la población, que correspondía a 42.8 millones de personas no tenían seguridad social y 10 años después, en 2018, la cifra es 20.2 millones, que corresponden a 16 por ciento de la población, una reducción de 60 por ciento que se logró principalmente a través del Seguro Popular (SP), y que hoy corre peligro con la implementación del Insabi.
Lo que se usa para denostar al Seguro Popular es la ideología y no la evidencia. Centralizar la prestación de servicios de salud nos convertiría en el único país de la OCDE que los presta sin ayudarse de los estados, teniendo en cuenta que los estados atienden a 40 por ciento de los usuarios de los servicios de salud.
Esto limitaría la prestación de servicios de tercer nivel, que son los hospitales de alta especialidad, e investigación, pues el Insabi no lo prevé como una obligación, dejando a un universo de personas ya muy enfermas a la deriva y obligándolos a pagar cantidades que simple y sencillamente son impagables para la mayoría de ellos.
Un error común es pensar que el Seguro Popular es un programa para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social convencional.
En realidad, el Sistema de Protección Social en Salud, creado mediante una reforma legal en 2003, es ante todo un mecanismo financiero para lograr equidad en la distribución de los impuestos generales dedicados a la atención de la población no asalariada, en comparación con la asalariada. Este innovador y progresivo mecanismo permitió incrementar los recursos para la atención de la salud de la población más pobre conforme iba aumentando el número de afiliados al SP.
