La enseñanza legal frente al COVID-19: Sergio Arellano

Ante las necesidades sanitarias debemos tomar acciones. Los tribunales, órganos autónomos y en general las oficinas gubernamentales, han reducido o detenido parcialmente sus actividades por el coronavirus.

Se abren cursos en línea y hay acceso directo a todo tipo de publicaciones. Aplaudo que se hayan tomado las medidas adecuadas por conducto del poder Ejecutivo federal para abatir los contagios y procurar la instrucción desde el hogar, por ejemplo, en los sectores vulnerables.

Se indicó que las personas con discapacidad deben reservarse en sus casas al igual que los adultos mayores. De la misma forma, se exhortó a quienes tienen un padecimiento preexistente a mantenerse alejados de espacios públicos y resguardarse durante esta contingencia, para evitar que empeore su condición.

Con esto se garantiza un derecho a la salud con perspectiva incluyente, se procura la educación y abarcamos los requerimientos preventivos que la situación merece. Por este contexto que le comento, estimada o estimado lector, considero que no solo las autoridades tienen la responsabilidad de crear soluciones. La iniciativa privada y la sociedad civil tienen un grado de correspondencia.

En este caso concreto, me dirijo a las escuelas y facultades de derecho que ejercen en nuestro país. De manera paralela, sirve como una reflexión para quienes instruyen en las demás áreas del conocimiento. Quisiera externar la relevancia de que la academia facilite las plataformas y los medios electrónicos con un toque didáctico, que permita transmitir las enseñanzas conforme al siglo XXI. No solo por la pandemia.

Tiene que ver con un compromiso académico, multidisciplinario y aprovechamiento los avances tecnológicos. Desde la ciencia jurídica y pensando en tiempo real, podemos buscar mesas de análisis en coordinación con universidades extranjeras, conferencias en vivo impartidas por expertos en la materia deseada, debates entre estudiantes de diferentes instituciones o la resolución de casos con jurisprudencia y criterios internacionales.

Todo gracias a los beneficios de la comunicación virtual. El reto consiste en aprovechar la adversidad y moldear los planes de estudio en lo sucesivo. No solo para centros educativos privados, esto debe extenderse a las aulas marginadas y dotar con las herramientas funcionales.