El gobierno de Querétaro ha implementado una serie de medidas que incluyen el reducir el número de pasajeros en los automóviles
Sergio Arellano
¿Cómo debe atenderse la movilidad ante una contingencia sanitaria? Una pregunta que no es común por la rareza de enfrentar una pandemia en vista de los avances médicos del siglo. Este cuestionamiento puede abordarse de diferente forma dependiendo del país. Tendrán un actitud restrictiva, colaborativa o indiferente. En sintonía con esta primera idea, quiero poner sobre la mesa el razonamiento del jurista alemán, Robert Alexy, vamos a ponderar.
¿Qué quiere decir esto? Del conjunto de derechos que tienen los individuos, tendremos que ponerlos sobre una balanza. Al inclinarse por uno de los lados, estaríamos afirmando que, en el caso concreto, es más conveniente ejecutar determinada disposición normativa. Para ponerlo en un ejemplo: “se pretende restringir el traslado vehicular para evitar los contagios”. En esta situación, como podrá notar, estimada o estimado lector, más que el libre tránsito, se aboga por la salud.
En efecto, el gobierno del Estado de Querétaro ha implementado una serie de medidas que incluyen el reducir el número de pasajeros en los automóviles y la obligatoriedad del uso de cubrebocas.
Ahora, ¿cómo deben ejecutarse las medidas preventivas del COVID-19? Desde un plano internacional y tratando de la circulación de migrantes, vamos a analizar la interpretación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, representado por Michelle Bachelet, en el sentido de que, en ningún momento, debemos pasar por alto el valor de la dignidad humana. En otras palabras, el cierre de fronteras y, por ende, el retorno forzoso, deberá apegarse al principio de no discriminación.
Esta postura nos sirve para elaborar los criterios que deben tomarse en México. Continuando con el informe de la ONU, se puede resolver que la libertad debe ser analizada desde un punto objetivo sin la necesidad de implementar protocolos que puedan provocar el uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y abusos de autoridad. Las administraciones deben tomar con suma responsabilidad la puesta en marcha de estas acciones, respetar las competencias y asumir un análisis técnico de las legislaciones. En tiempos de decisiones relevantes en el ámbito jurídico, nuestra mayor protección es quedarnos en casa.
