Quienes se dedican a la abogacía, entenderán que más allá de ganar asuntos, se puede generar un beneficio a la ciudadanía
Sergio Arellano
Cuando estamos en la facultad de derecho, leemos a los grandes tratadistas y a los académicos de mayor renombre. Cuando egresamos y encaramos la vida real, la gente observa la práctica legal como una manera de resolver sus problemas. Ambas visiones son ciertas y necesarias.
Pero no únicas. Quienes se dedican a la abogacía, entenderán que más allá de ganar asuntos, se puede generar un beneficio a la ciudadanía. Es un deber con la sociedad, el compartir ideas y análisis técnicos respecto a las legislaciones y, además, proponer política pública.
Por otro lado, y para los que no lo saben, podemos sentar precedentes increíbles en materia de derechos humanos. Gracias a esta noción, el mundo está cambiando. Los tribunales y quienes laboran en ellos, necesitan actualizar sus aprendizajes en las universidades y enfocarse en posturas con lentes distintos.
El contexto jurídico mexicano, así como la vida en democracia, no se entiende sin el acceso de los derechos fundamentales. Un tema fascinante por el juego de la argumentación. Lo que se pone sobre el tablero del ajedrez, son las fichas con los diferentes principios contenidos en nuestra Carta Magna; sin olvidar la conjugación con la normativa internacional.
Me gustaría comentar que, en el caso de la práctica judicial y cuando uno es abogado, se tienen a la mano los códigos, las leyes y los reglamentos que sirvan para la apropiada defensa del cliente que tocó la puerta de nuestros despachos. ¿Realmente es suficiente tener estos documentos con letras vinculantes? La respuesta es no. En la resolución de un caso, podemos ofrecer una serie de hechos probatorios que deben ser aceptados en el tenor de buscar el mayor beneficio para la persona.
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El sistema de justicia ya no es tan riguroso como a finales siglo XX, en donde se solucionaban las controversias con la fórmula tradicional: A+B=C. Al día de hoy y en atención a la reforma constitucional del año 2011, la armonización en lo federal, local y municipal en aras de una tutela integral, permite que las y los defensores tengan un margen más amplio para garantizar la exigencia de las causas legítimas que se han visto interrumpidas o violadas.
No hay ningún pretexto para perder. Salvo la constante necesidad de conformarse con los criterios de antaño. Vamos a trabajar.
Director General del Despacho de Abogados, Arellano y Asociados, S.C.
