La justificación para entregar a la Secretaría de Marina el control total de los puertos es la de siempre: el combate a la corrupción. Con este mismo argumento se han venido asignando al Ejército, por instrucciones del Presidente, cada vez mayor número de encomiendas ajenas a su naturaleza castrense
María Guadalupe Murguía Gutiérrez/Columnista
El Congreso aprobó -con el voto en contra del PAN- reformas a diversos ordenamientos legales para la administración de los puertos del país. Con ello la Armada de México se convierte en la única autoridad marítima nacional; estará al frente de la marina mercante, de la educación náutica, de la administración portuaria, de las contrataciones de comunicaciones y transportes náuticos, entre otras atribuciones.
La justificación para entregar a la Secretaría de Marina el control total de los puertos es la de siempre: el combate a la corrupción. Con este mismo argumento se han venido asignando al Ejército, por instrucciones del Presidente, cada vez mayor número de encomiendas ajenas a su naturaleza castrense.
De esta manera hoy tiene a su cargo la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la construcción de carreteras y sucursales del Banco del Bienestar, la adquisición y operación de pipas para distribuir hidrocarburos, la distribución de medicinas y libros escolares, y es policía migratoria en las fronteras norte y sur.
Aunado a lo anterior, el acuerdo presidencial de mayo de este año, faculta a las Fuerzas Armadas a llevar acciones de seguridad pública de manera permanente durante los próximos cinco años en todo el territorio nacional; esta participación ha sido objetada por las Naciones Unidas y por diversos organismos internacionales, actores sociales y políticos que han interpuesto amparos ante la militarización de la seguridad.
No se regatea la enorme contribución que el Ejército y la Marina hacen por la seguridad, el control de la delincuencia organizada y la protección a la población en casos de desastres; tan es así que tienen un alto reconocimiento y aprobación de la sociedad, en el orden del 70% de aceptación.
Sin embargo, nuestro país aprendió de su historia, después de conflictos violentos, a colocar el poder civil sobre el poder militar y este acuerdo civilizatorio y democrático garantiza que sea el poder electo quien gobierne el país y asegura que la autoridad militar esté subordinada a la autoridad electa.
Son muchas las voces que alertan sobre la creciente militarización de la vida pública del país; muy lejos parece haber quedado la reiterada promesa de AMLO en campaña de regresar el Ejército a los cuarteles. Hoy queda más que claro que fue solo retórica.
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