Llegan los días de reflexión de Semana Santa –según la fe católica– y es buen momento para no soltar todo eso que ha vivido la sociedad queretana, y mexicana, en los últimos meses.

Momentos que evidentemente no serán borrados de la memoria colectiva y que hablan de eso que no queremos que se repita; uno de ellos, el deleznable 5M que puso a Querétaro en el foco internacional y que derivó en la detención de cinco funcionarios, y dos destituciones de cabezas de área: Carlos Rodríguez Di Bella y Miguel Ángel Contreras, cercanísimos a los gobiernos panistas.

La Fiscalía solicitó 59 órdenes de aprehensión, de las cuales ya se cumplimentaron 34; faltan 25.

A estas acciones se suman las recomendaciones emitidas ayer por el nuevo ómbudsman, Javier Rascado Pérez, quien confirmó aquello que era muy evidente: la omisión de las autoridades de seguridad pública y protección civil que, al no garantizar seguridad jurídica para la afición, y el hecho de que cometieron violaciones a los derechos humanos (DDHH).

Un aspecto más que deberán tratar las autoridades estatales, pero también las del municipio de Querétaro –que en principio señalaron que no se detectó mayor responsabilidad en sus funcionarios, pero la recomendación de DDHH– es la revisión del actuar de sus elementos; esto también va dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

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