Daniel Lizárraga
El hecho de que el expresidente Luis Echeverría haya muerto impune por los crímenes perpetrados contra los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 así como frente a los grupos de protesta y guerrilleros que enfrentaban al régimen de partido único, representa una oportunidad para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rompa con esa tradición política mexicana de consentir a los exmandatarios perdonándoles cualquier fechoría.
El pasado jueves 7 de julio, Pablo Gómez responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -organismo que pertenece a la Secretaría de Hacienda- informó sobre una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por transferencias irregulares por 26 millones de pesos vinculadas al exmandatario Enrique Peña Nieto y su familia.
Apenas 2 días después, falleció Echeverría en su residencia en Cuernavaca, Morelos. Este exmandatario fue despedido por su familia, pero hasta el último día de sus 100 años de vida, no hubo gobierno ni juez que pudiera hacerlo responsable como autor intelectual de los cientos de personas que perdieron la vida por disentir con el grupo político en el poder.
Echeverría fue secretario de Gobernación cuando al asesinato y desaparición de estudiantes en 1968. Durante su mandato como presidente ocurrió otra represión; el 10 de junio de 1971 un grupo de choque llamado “los halcones” reprimió una marcha de protesta. La cifra de muertos se desconoce hasta hoy, aunque algunas versiones hablan de entre 12 y 40 fallecidos.
Durante el gobierno del panista Vicente Fox hubo un intento por culpar de genocidio a Echeverría, pero fue en vano. Únicamente consiguieron arraigo domiciliario de nueve días. Un juez federal rechazó la detención del expresidente argumentando que los delitos habían prescrito.
Peña Nieto no carga con acusaciones de ese talante. Sin embargo, también ha gozado de impunidad. Pablo Gómez explicó en Palacio Nacional, durante la mañanera presidencial, reveló que Peña Nieto conformó 2 empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos. Una de ellas se convirtió en proveedora de su administración la cual presuntamente se benefició con contratos por 10 mil millones de pesos.
López Obrador ha dicho que su fuerte no es la venganza, pero en este caso está de por medio la rendición de cuentas y el combate a la impunidad en la Presidencia de la República, sin escandalizar, pero tampoco minimizando la importancia para un país. La cuarta transformación también debería transitar por esa vía, con mayor nitidez y velocidad. Ya no estaba a su alcance poner en jaque la impunidad del priato respecto a Luis Echeverría, pero en cambio, si está
En posibilidades de enfrentarla sobre Peña Nieto.
