Daniel Lizárraga
Durante los sexenios de Felipe Calderón y luego de Enrique Peña Nieto corrieron litros de tinta -como decían los clásicos del periodismo- para defender desde los medios de comunicación al servicio del poder político lo que se consideraban ataques sin pruebas y malas interpretaciones con tintes electorales por informar sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el narcotráfico.
Los voceros del oficialismo blandían la espada del presunto recto proceder de uno de los personajes claves en la seguridad pública del país. Lo hicieron con el presupuesto de publicidad a disposición del mejor postor. García Luna, hoy está tras las rejas en una prisión de Brooklyn. El juicio por sus presuntos arreglos con el Cartel de Sinaloa iniciará el 24 de octubre de este año. Las pruebas en su contra están soportadas en más de un millón de páginas y en decenas de horas de grabaciones telefónicas.
Estos son hechos y no propaganda. Quienes apostaban por la honorabilidad de García Luna lo hicieron, incluso, desde lo que fue la residencia oficial de Los Pinos. Hoy, estos personajes están perdidos. Como las avestruces, esconden la cabeza debajo de la tierra.
Hace unos días, la Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez Brian Cogan de la Corte Federal de Nueva York aceptar pruebas sobre cómo García Luna acosó y sobornó a periodistas para que no publicasen información sobre sus acuerdos con el narcotráfico.
La decisión está en manos del juez. Pero sí él considera importantes esos documentos para el juicio, algún medio de comunicación en México estará en serios problemas y eso, sin duda alguna, será un escándalo por separado.
De acuerdo con las noticias publicadas por agencias de noticias extranjeras así como por corresponsales mexicanos en Estados Unidos, el dinero para pagar el silencio de un medio de comunicación era parte de las tajadas en dólares recibidas por García Luna de los capos del narcotráfico. Así las cosas, el gobierno de López Obrador tendría ante sí un potencial caso de lavado de dinero. La decisión, en su caso, quedará para quienes escriban la historia de la Cuarta Transformación.
La relación prensa-delincuencia organizada en México, un capítulo por documentarse. La decisión que se tome en la Corte Federal de Nueva York sería apenas la punta de un hilo de una telaraña negra, maloliente, que sirvió para ocultar qué tan profundo taladró el narcotráfico al sistema político mexicano y, al mismo, tiempo dimensionar el tamaño del reto de la administración de López Obrador que, por el momento, no encuentra la manera de frenar los coletazos de estos grupos delincuenciales.
Quizá legalmente haya poco por hacer; los recobecos judiciales para la impunidad, de un lado y del otro de la frontera norte, parecen infinitos. Sin embargo, alguien debería tomarse en serio el derecho de la sociedad a saber la verdad.
