Es importante que todos estemos enterados de lo que implica el ‘plan B’ electoral que se aprobó con una diferencia mínima hace dos semanas en el Senado de la República. Primero, la reducción del 85 por ciento del personal del servicio profesional electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). Segundo, desaparición de la mayoría de las vocalías y juntas distritales del INE en el país, las cuales se encargaban del registro de electores, la organización electoral y, más importante, la capacitación y educación cívica en los 300 distritos electorales a nivel federal. Tercero, relevo inmediato del secretario ejecutivo, órgano que coordinaba el trabajo de las vocalías y juntas anteriormente descritas, y fortalecimiento del Órgano Interno de Control. Por último, que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga la capacidad de credencializar a las personas que votan en el extranjero.

Aunque todo esto parece que puede no afectarnos, la reforma destruye gran parte de lo que se ha logrado en democratizar el ejercicio electoral. El argumento de que esto generará ahorros es muy miope en el sentido de que se destruirán estructuras claves del INE que afectarán en la calidad y profesionalidad de las personas involucradas en la organización de las elecciones.

Es importante también transmitir que todos los recursos presentados frente al Poder Judicial y el Tribunal Electoral no tendrán efectos inmediatos, pero, debido al margen de tiempo que hay frente al inicio del periodo electoral de 2024, dichos órganos tendrán que pisar el acelerador para frenar la reforma. No todo está perdido, pero se perdió una batalla importante.