La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró que su administración mantiene una política de puertas abiertas para atender inquietudes de quienes operan y distribuyen agua en el Estado de México.
Sin embargo, advirtió que la ley aplicará sanciones a quienes insistan en lucrar con un recurso vital.
Destacó la coordinación con presidentes municipales, el Poder Judicial, la Fiscalía estatal, la CAEM y la Conagua para avanzar en la regularización a través de reuniones regionales.
Gómez Álvarez enfatizó que “Operación Caudal” no es una persecución, sino una estrategia que busca garantizar justicia hídrica. Quienes operan dentro de la norma pueden continuar sin preocupaciones.
“Quien actúa conforme a la ley no tiene por qué preocuparse; los que infringen, tendrán sanción”, sentenció. El objetivo es evitar el abuso, el acaparamiento y la venta ilegal que afecta a colonias enteras.
Trámites accesibles y supervisión constante
La administración estatal seguirá facilitando permisos y trámites administrativos para pozos y sistemas de distribución. No obstante, aplicará mano firme cuando existan irregularidades.
La gobernadora insistió en que la prioridad es proteger un recurso común, evitando su explotación con fines económicos que limitan el acceso a comunidades vulnerables.