El Gobierno del Estado de México respaldó los avances de la Operación Caudal, una estrategia coordinada encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para combatir la extracción y distribución ilegal de agua.
Esta intervención responde a un creciente problema derivado de la sobreexplotación de acuíferos y una red irregular de pozos, pipas y suministros clandestinos que vulneran el derecho humano al agua.
Autoridades estatales destacaron que el operativo cuenta con rigor técnico, protocolos jurídicos y análisis previo, a fin de dar certeza a la población y actuar únicamente en sitios con evidencia de irregularidades.
La intervención se fortalece mediante coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), CONAGUA y organismos de salud pública.
Orden sí, cacería no
La Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas, señaló que el objetivo principal es construir justicia hídrica y garantizar que quienes transportan agua tengan una fuente legítima y cumplan requisitos sanitarios.
Se subraya que las pipas deben operar en condiciones óptimas para no comprometer la calidad del líquido.
El reforzamiento del control responde a denuncias ciudadanas, inspecciones conjuntas y carpetas de investigación sustentadas, además de la urgencia por reducir la sobreexplotación de la cuenca del Valle de México.
Las autoridades recalcan que esta política busca proteger la seguridad hídrica de millones de familias y garantizar un suministro justo, transparente y ordenado.
Hacia una gestión justa del agua
El Gobierno del Estado de México refrenda que la legalidad hídrica es un eje estratégico para el desarrollo social y económico.